El ejecutivo comunitario se expresa así en una contestación parlamentaria del vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, a la pregunta del eurodiputado del PPE Gabriel Mato sobre la posición comunitaria después de que EEUU anunciase la imposición de aranceles a seis países, incluida España, en respuesta al impuesto a empresas tecnológicas.

Con el argumento de que dicha tasa perjudica los intereses comerciales estadounidenses, el Gobierno de Joe Biden acordó imponer un arancel adicional del 25% a una serie de productos, aunque suspendió su aplicación después durante seis meses en espera de un acuerdo sobre fiscalidad integral en las negociaciones de la OCDE y el G20. Entre los artículos afectados figurarían productos españoles de marroquinería como cinturones y bolsos o el calzado, la cristalería o capturas pesqueras como los langostinos, pulpo y gambas.

Dombrovskis indica que la Comisión “ha tomado nota” de la decisión de EEUU, donde afirma que España, Italia y Austria aplican medidas que discriminan al país, y “sigue vigilando este proceso, así como un proceso similar contra Francia”, aunque “acoge con satisfacción” la moratoria para poder debatir la cuestión en foros internacionales, tales como el G-7, el G-20 y la OCDE.

Al respecto recuerda que, tras la cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos del pasado 15 de junio de 2021, ambas partes “anunciaron su propósito de fomentar un sistema fiscal internacional justo, sostenible y moderno y de cooperar para alcanzar un consenso mundial sobre la cuestión de la fiscalidad de las empresas multinacionales a través del marco integrador del G-20 y la OCDE”.

La Unión Europea y Estados Unidos confirmaron además su intención de llegar a un acuerdo en las reuniones de los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, que fue efectivamente refrendado el 10 de julio de 2021, según subraya.

Sin embargo, y pese a estos compromisos en materia fiscal, recuerda que Bruselas debate “en sus contactos regulares con sus homólogos estadounidenses” las investigaciones relacionadas con la sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense invocada precisamente por la Administración de Biden para denunciar perjuicios comerciales.

“En estos contactos, la Comisión insiste en la necesidad de que los Estados Unidos cumplan el Derecho internacional y sus obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, agrega, reivindicando como la “única vía aceptable” para denunciar la supuesta discriminación denunciada por EEUU precisamente “la vía jurisdiccional en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC”.