Los españoles no están plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas, o eso dice la Comisión Europea, que pide a España haga algo al respecto. En concreto, pide a nuestro país que ponga en consonancia con el Derecho de la UE en materia de consumidores y legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

Una clausula contractual es considerada abusiva si causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe.

España tiene ahora dos meses para enviar una respuesta satisfactoria. Si no lo hace, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades de nuestro país.