La Comisión Europea ha insistido este miércoles en que España debe mantener una política fiscal «prudente» por su elevados niveles de déficit y deuda pública, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo.

Es el mensaje de Bruselas al Gobierno tras haber analizado el Presupuesto para 2022 que envió a la capital comunitaria a mediados de octubre. Con las reglas fiscales todavía suspendidas, las autoridades comunitarias no aprueban o suspenden los borradores presupuestarios de los países, como en ejercicios pasados, sino que se limitan a analizar las cuentas de cada uno de ellos y, si procede, a señalar las deficiencias.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario incluye de nuevo a España dentro del grupo de doce países con desequilibrios macroeconómicos, entre los que cita, además del déficit y la deuda públicas, su el elevado desempleo, la posición exterior, la deuda del sector empresarial y el riesgo de acumulación de activos tóxicos en el sector bancario.

«Dados el nivel de la deuda pública de España y los importantes desafíos para la sostenibilidad en el medio plazo antes de la pandemia de COVID-19, al adoptar medidas presupuestarias de apoyo, es importante mantener una política fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de la finanzas públicas a medio plazo», señala el texto.

El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha explicado en una rueda de prensa que la «prudencia» es algo que Bruselas pide a todos los países de la UE con un elevado nivel de deuda pública, así como mantener «unas condiciones favorables de financiación».

A pesar de que la Comisión sigue pensando que el aumento de la inflación es temporal, el letón ha remarcado que «no puede darse por seguro» el actual entorno de tipos de interés bajos, por lo que los países deben estar preparados para «potenciales eventualidades».

El documento de la Comisión Europea señala también que el futuro de las finanzas públicas españolas «sigue estando sujeto a la elevada incertidumbre» que amenaza a la recuperación, sobre todo con respecto a la evolución de la pandemia y a las posibles «cicatrices» que deje la enfermedad.

Además, subraya que el «significativo» apoyo que España dio a empresas y hogares a través de avales o aplazamientos en el pago de impuestos no tiene por ahora un impacto «directo o inmediato» en las cuentas públicas, pero advierte de que el valor de las garantías concedidas asciende al 8,4% del PIB.

MENOR GASTO PÚBLICO

Aparte de estas consideraciones, Bruselas valora que España siga en el Presupuesto su recomendación, como parte de los países más endeudados del bloque, de impulsar la recuperación con las ayudas del fondo europeo anticrisis y, en menor medida, a través de la inversión la inversión pública.

De hecho, España y Eslovaquia serán los únicos países de la UE que tendrán el próximo año una política fiscal contractiva, mientras la posición fiscal del resto de Estados miembros será expansiva. Este hecho se explica por el menor gasto corriente previsto para el próximo año como consecuencia de la retirada de algunas de las medidas para hacer frente a la pandemia.

En todo caso, la Comisión Europea remarca en su dictamen la importancia de la «calidad» de las medidas presupuestarias, en particular la inversión dirigida a fortalecer el crecimiento y al impulsar las transiciones digital y ecológica.

Bruselas destaca que el Presupuesto del Gobierno «contiene medidas detalladas que van en esta dirección» e impulsan la digitalización de la economía aumentando la conectividad y «reforzando la ciberseguridad». La descarbonización, continúa el texto, está «cubierta» por la nueva Ley Climática y el Plan Hidrológico Nacional.

No obstante, y teniendo en cuenta la «fortaleza» de la recuperación, el Ejecutivo comunitario invita a España a «revisar con regularidad el uso, efectividad y adecuación» de las medidas de apoyo y a estar «preparado» para adaptarlas «si es necesario» si las circunstancias lo exigen.