La Comisión Europea aconsejó este miércoles sacar a España del brazo correctivo del déficit excesivo tras haberlo bajado por debajo de 3% del PIB, pero alertó sobre el riesgo que incumpla los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda en 2019 y 2020 si no toma medidas adicionales para controlar el gasto público y reducir la deuda.

Bruselas conmina directamente a “destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública” y garantizar que el gasto público no exceda en su crecimiento nominal el 0,9% durante el ejercicio 2020 –se necesita limitarlo a dicha expansión para lograr el ajuste estructural anual del 0,65% del PIB que la UE ha impuesto a España-.

Las demandas las realiza en el denominado ‘Paquete de primavera del Semestre Europeo 2019’ donde formula recomendaciones a los Estados miembros en favor de un crecimiento económico sostenible y donde esta vez ha activado el procedimiento para sancionar a Italia por no tomar las suficientes medidas para reconducir sus finanzas. En el documento expide a todos los países acometer “reformas eficaces”, políticas presupuestarias “responsables” y estrategias de inversión “bien orientadas”.

En el caso de España y tras analizar el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas para 2019, avisa de que “a pesar de que el PIB continúa creciendo vigorosamente, la deuda pública como porcentaje del PIB sigue siendo elevada”.

En dichos programas el Gobierno proyecta reducir el peso de la deuda sobre el PIB desde el 97,1% de 2018 al 95,8% en 2019, y alcanzar el 88,7% en 2022; y en paralelo se compromete a ajustar el déficit público desde el 2,5% con que cerró el pasado año al 2% este ejercicio para lograr el equilibrio presupuestario en 2022.

Si bien reconoce que las hipótesis macroeconómicas utilizadas por el Gobierno “son verosímiles”, alerta de riesgos para lograr los objetivos presupuestarios que “afectan sobre todo a los ingresos, ya que la incertidumbre respecto a la recaudación o las posibilidades de adopción de muchas de las medidas de obtención de ingresos es considerable”.

Sus alertas son también porque considera que “existen indicios de subestimación de la capacidad ociosa en la economía, con una inflación que se prevé que permanezca por debajo del 2 % en 2019 y margen de mejora en el mercado laboral (elevada tasa de desempleo y un muy alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario, empleo temporal y trabajadores pobres)”.

Para aumentar la eficiencia del gasto público y “prevenir irregularidades” en sus partidas reclama ejercer una aplicación “ambiciosa” de la Ley de Contratos del Sector Público adoptada en el año 2017, que la Estrategia Nacional de Contratación Pública integral “se adopte con celeridad y con la participación activa de las entidades o poderes adjudicadores a nivel nacional, regional y local” y que el Gobierno se asegure de que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión pueda “desempeñar eficazmente los cometidos que se le han asignado”.

En el análisis que efectúa sobre España pone especial énfasis en los problemas del mercado laboral, en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las pensiones y abordar con decisión medida para reducir las desigualdades sociales.

La Comisión Europea emplaza al Gobierno a “garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo” a los colectivos más desfavorecidos y trabajar para “favorecer” la transición hacia los contratos indefinidos, en particular “mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación”.

Cree necesario mejorar el apoyo a las familias y “resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima”, y acometer una reforma educativa para reducir el abandono escolar prematuro y que se forme a los estudiantes con las habilidades que demandan las empresas.

“Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación”, aconseja el Ejecutivo comunitario.

Entre las medidas aboga por reforzar además la inversión en investigación y desarrollo para mejorar la productividad de las empresas, ya que dicha partida es en la actualidad apenas la mitad de la media de la Unión Europea, y debería ser una palanca para “fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes”.

A su juicio la productividad de las compañías se encuentra además perjudicad por la alta fragmentación de la regulación en España ya que les impide beneficiarse de economías de escala, por lo que conmina a ejercer “una aplicación más decidida” de la Ley de garantía de unidad de mercado. “Una coordinación más estrecha y sostenida entre las autoridades nacionales y autonómicas podría conseguir que las políticas en este ámbito fuesen más efectivas”, sostiene.

También conmina a seguir invirtiendo en las interconexiones eléctricas con el resto de la Unión y las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril para que el país se pueda beneficiar de plenamente del mercado único de la UE, “teniendo en cuenta las disparidades regionales”.