La Comisión Europea ha propuesto este miércoles elevar en casi 27.000 millones de euros los requisitos de capital a la banca europea y reforzar los poderes de supervisión de entidades tras recientes «escándalos» en el sector, como parte de las medidas para trasladar a nivel europeo los acuerdos de Basilea III.

El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, han presentado en una rueda de prensa una serie de propuestas legislativas que buscan, por un lado, adecuar el marco comunitario a los estándares internacionales, y por otro, atajar algunos «problemas» identificados durante la crisis financiera que «todavía no han sido resueltos».

Bruselas ha optado trasladar a la legislación europea los elementos pendientes del acuerdo el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 2017 (conocidos como Basilea III) teniendo en cuenta las «especificidades» del sector financiero europeo. También ha propuesto que los nuevos requisitos de capital se exijan a partir del 1 de enero de 2025, en lugar de en 2023.

McGuinness ha subrayado que este planteamiento es «fiel» al acuerdo porque la propuesta utiliza «flexibilidades» contempladas en el mismo y «algunos ajustes específicos para reflejar características concretas de la economía de la UE y su sector bancario». «El calendario refleja la realidad de cómo legislamos y el tiempo necesario para que los Estados miembros lo transpongan», ha argumentado.

MAYORES REQUISITOS DE CAPITAL

La consecuencia es que los requisitos de capital para los bancos europeos se incrementarán en 26.300 millones de euros una vez finalice el periodo de transición, en 2030. La Comisión quiere evitar así que el aumento «significativo» que supondría aplicar completamente Basilea III. Según el análisis de impacto de las autoridades comunitarias, el incremento en este escenario alcanzaría los 52.000 millones.

Los requisitos de capital buscan que la entidades financieras tengan un colchón de recursos para cubrir posibles pérdidas y se calculan como una división en la que numerador es el porcentaje de requisito de capital exigido al banco y el denominador es el total de los activos ponderados en función del riesgo que representan.

La reforma de Bruselas incide en la segunda parte de este cálculo. Para estimar los riesgos de sus activos, los bancos pueden utilizar un enfoque armonizado, pero también modelos internos en los que cada entidad financiera establece los parámetros a tener en cuenta. Para evitar que esta segunda metodología infravalore de los riesgos, la Comisión Europea quiere estandarizar el método de cálculo a través de modelos internos.

De esta forma, trasladar Basilea III a la legislación europea afectaría a diez entidades financieras y conduciría a un incremento de los requisitos de capital del 9% al final del periodo de transición, de cinco años. El aumento aplicando el acuerdo de Basilea en su totalidad sería de más de el doble: un 18,5%.

La aplicación de las nuevas normas, en todo caso, se haría de forma gradual y en el inicio el aumento de los requisitos de capital se situaría por debajo del 3%, que se traduciría en una cifra inferior a los 7.500 millones.

MÁS PODERES DE SUPERVISIÓN Y RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Por otro lado, Bruselas ha aprovechado el paquete bancario presentado este miércoles para reforzar la capacidad de vigilancia del bloque, especialmente a raíz de recientes «escándalos» como el de la firma alemana de servicios de pago Wirecard.

Así, la propuesta modifica la lista de poderes de supervisión de la directiva de requisitos de capital para dar a las instituciones que se encargan de la vigilancia de los bancos las competencias necesarias para evaluar operaciones como la transferencia de activos y pasivos, fusiones o divisiones o la adquisición de participaciones cualificadas.

Además, la nueva legislación obligará una vez aprobada a los bancos a tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis de riesgos para mejorar su capacidad de «absorción de pérdidas» vinculadas con ellos, algo «clave» para la solidez de la economía en plena transición ecológica.

El Ejecutivo, sin embargo, ha dejado para una etapa posterior la posibilidad de ajustar los requisitos de capital para activos ‘verdes’ o ‘marrones’, algo que está estudiando pero todavía no tiene «todos los datos» necesarios para tomar una decisión. Por eso, ha pedido a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) un análisis de este asunto, cuyos resultados se esperan en 2023.