La Comisión Europea ha planteado este miércoles una iniciativa legislativa para crear un marco de resolución de compañías de seguros inspirado en el que ya existe para el sector bancario, así como una revisión de las normas comunitarias para incentivar al sector del seguro y el reaseguro a realizar más inversiones a largo plazo en la economía.

El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, han presentado en una rueda de prensa una propuesta para revisar la directiva conocida como Solvencia II con la que Bruselas calcula que se podrían liberar hasta 90.000 millones en inversiones.

La nueva directiva para la resolución de compañías aseguradoras está «inspirada» en el conjunto de normas para la liquidación de bancos que ya existe en la UE desde hace años, pero con «importantes diferencias», según han explicado fuentes comunitarias, quienes explican que las normas contienen una «armonización mínima» a nivel europeo.

Bruselas justifica este paso en que «no se pueden excluir situaciones de turbulencias financieras» a pesar de que ha mejorado su solidez desde la entrada en vigor en 2016 de Solvencia II. En la actualidad, explica el Ejecutivo comunitario, «no hay normas comunes en caso de que una aseguradora quiebre» y por eso «es importante asegurar rápidamente que hay un marco en vigor para tratar con una empresa si las cosas van mal».

Así, la normativa prevé una primera fase de «prevención y preparación» en la cual las propias aseguradores tendrán que diseñar sus propios planes de recuperación con «medidas correctoras» para «escenarios de estrés». Las autoridades nacionales de resolución se encargarán de elaborar estos mismos planes en casos en los que los problemas excedan los recursos existentes de una compañía.

Por otro lado, la directiva da a las autoridades nacionales de supervisión el poder de «intervenir en fase temprana» si detecta un deterioro en la posición de capital de una aseguradora. El marco, por último, proporciona a las autoridades de resolución una caja de herramientas común para actuar en caso de quiebra.

Entre ellas se encuentran la conversión de instrumentos de capital, deuda u otros pasivos admisibles para que accionistas y acreedores «generales» asuman pérdidas primero (el ‘bail-in o rescate interno que se realiza también con los bancos), la retirada de la autorización de una aseguradora para firmar nuevos contratos de seguro o reaseguro o la venta del negocio o parte de él sin necesidad de cumplir con requisitos de procedimiento habituales.

Las autoridades de resolución también podrán transferir parte del negocio de la aseguradora en problemas a una entidad pública para su posterior venta bajo condiciones de mercado, así como llevar los activos y pasivos deteriorados a «vehículos de gestión».

LIBERAR 90.000 MILLONES

Por otro lado, Bruselas ha presentado una iniciativa para revisar la directiva Solvencia II, una normativa que entró en vigor hace cinco años y que «ha sido reconocida en el ámbito internacional como un marco líder para fijar requisitos de capital para las aseguradoras», ha expresado el vicepresidente Dombrovskis.

El letón ha señalado que se trata de «ajustes concretos» y no una reforma de calado y la idea detrás de la actualización es «liberar capital de las aseguradoras y permitir que puedan aumentar su contribución como inversores privados en la recuperación de Europa».

El Ejecutivo comunitario cree que las compañías de seguros podrían liberar hasta 90.000 millones de euros en inversiones gracias a los cambios en la normativa, en especial gracias a una modificación tanto del tamaño como de la volatilidad del llamado margen de riesgo que presentará más adelante.

La modificación de este margen de riesgo era una petición tanto de la industria como de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). Desde Bruselas también se consideraba que «bloquea demasiado los recursos de capital», de forma que impide que las aseguradoras puedan invertir más en la economía real.

A nivel general, la Comisión Europea no cree que sea necesario aumentar los requisitos de capital para el sector, que ha demostrado gozar de una salud «bastante sólida», pero sí ha señalado que algunas aseguradoras «pueden tener que enfrentarse a un incremento» de dichos requisitos.

Las enmiendas que hacen más estrictos los requisitos de capital en ciertos casos, explica Bruselas, se introducirán progresivamente hasta 2032, de forma que a largo plazo se podrán liberar hasta 30.000 millones de euros de capital.