Cabify pide una regulación de los servicios de movilidad “que no deje atrás a nadie”, tras la sentencia del Tribunal Supremo que limita las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) a una por cada 30 de taxi.
La plataforma recalca su posición abierta al diálogo “entre todos los agentes del sector”, con el fin de “colaborar con las administraciones y definir así una fórmula de convivencia que beneficie a todas las partes”. En este sentido, señala que su objetivo “no es acabar con los servicios tradicionales, sino ofrecer opciones complementarias”.
Asimismo, Cabify defiende las ventajas de su servicio, del que asegura que “contribuye a la creación de ciudades menos congestionadas y más sostenibles”, al tiempo que “supone un impulso a la economía local y al aumento de la demanda de otras alternativas de transporte”.
Por su parte, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) celebra la sentencia del Tribunal Supremo que avala la validez de la normativa aprobada en 2015 que establecía que solo puede operar una autorización de vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 taxis. Asimismo, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que el Supremo reconozca que “el taxi es un servicio público esencial”.
Se trata de una norma recogida en un real decreto aprobado el 20 de noviembre de 2015, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que había sido recurrido por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Uber y Unauto.
El presidente de Antaxi, Julio Sanz, recordó que, desde el inicio de este proceso, su asociación, que representa a más del 40% de los taxistas de España, “ha abogado por el cumplimiento de la norma de transportes, frente a posturas que querían llevar el debate hacia planteamientos empresariales y de comercio”, e indicó que Antaxi ha sido la única asociación nacional que ha apostado por una resolución judicial al contencioso planteado por la CNMC.
Antaxi recuerda, sin embargo, que esta sentencia no frenará el constante goteo de licencias que, solicitadas durante el vacío legal existente entre 2012 y 2015, se siguen concediendo por vía judicial. En este sentido, Antaxi insiste en que todavía hay diferentes procesos judiciales abiertos sobre sentencias pendientes que deben garantizar el cumplimiento de la ley.
Ante este escenario, su presidente explicó que “es el momento de que las administraciones locales y autonómicas habiliten mecanismos que garanticen la coexistencia de ambos sectores proporcionadamente, a través de licencias urbanas para estos vehículos”.
