La Policía Nacional ha desarticulado en Ibiza una red dedicada a facilitar a extranjeros el acceso a prestaciones, subsidios y permisos de residencia mediante la elaboración de contratos falsos a través de una empresa ficticia. Durante la operación han sido detenidas 109 personas, entre las que figuran los seis responsables de la trama, y se han anulado 31 autorizaciones de residencia. Se estima que los ingresos obtenidos por los falsificadores podrían haber superado los 500.000 euros y que el fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a más de 470.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron en octubre a raíz de la información facilitada por la Unidad Especializada de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación Insular del Gobierno. Las pesquisas se desarrollaron en torno a una empresa dedicada supuestamente a la construcción, pero que en realidad era una sociedad ficticia. Los agentes comprobaron que la mercantil había dado de alta en el Sistema de la Seguridad Social a un total de 156 trabajadores, algunos de los cuales nunca llegaron a realizar actividad laboral.
La finalidad real de la empresa era que los supuestos empleados obtuviesen de forma irregular un contrato que les permitiera acreditar la acumulación los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones y/o subsidios de la Seguridad Social o del Servicio Público de Empleo Estatal.
Estas contrataciones falsas y altas irregulares también se producían para que los extranjeros, en situación irregular o pendientes de la renovación de sus permisos de residencia, utilizaran este recurso fraudulento para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones a las que no tendrían derecho acudiendo a los procedimientos legales.
Estas conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y estafa e incluso, en virtud de las circunstancias concurrentes o de la cuantía defraudada por parte de los supuestos empresarios o trabajadores, de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública o los derechos de los trabajadores.
Por medio de esta artimaña, los falsos empleados lograron acceder a prestaciones económicas -que en algún caso superaron los 8.000 euros-, obtuvieron permisos de residencia y paralizaron expedientes de expulsión que habían sido incoados, alcanzando finalmente la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Los falsos empresarios por su parte recibían a cambio compensaciones económicas, que llegaron a alcanzar los 3.600 euros por justificar un periodo de seis meses de trabajo.
La operación ha entrañado una enorme dificultad, al no residir los implicados en las direcciones facilitadas en el momento de la obtención de sus permisos de residencia. Muchos de ellos tenían sus domicilios en la Península e incluso en sus países de origen, hecho que igualmente constituye una infracción administrativa prevista en la vigente Ley de Extranjería por la que podrían ser sancionados.
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