«El Gobierno está determinado a hacer todo lo posible para garantizarla», subrayó durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Santander, con la asistencia de más de 600 expertos, analistas y autoridades de distintos países. Allí subrayó que se trata de un objetivo en sí mismo porque «la seguridad jurídica es un factor clave para el funcionamiento de cualquier ámbito económico».

Fue la única concesión de la ministra a la polémica abierta tras la decisión del Tribunal Supremo de imputar el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos para adquisición de vivienda a los clientes, y no a la banca; a la espera de que el Gobierno detalle su posición frente al fallo y si cambia el sentido del tributo.

Profunda conocedora de la banca por su involucración directa en la normativa aplicable emanada en Bruselas, Calviño subrayó que en dicha actividad «solo se funciona bien si hay confianza» por lo que incidió en la necesidad de «garantizar la transparencia y seguridad de los usuarios de servicios financieros».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprovechar la reforma hipotecaria en actual trámite parlamentario en el Congreso para, precisamente, reforzar los mecanismos de protección al usuario y estaba a expensas del Supremo ante la eventualidad de recoger algún cambio a raiz de la resolución del Alto Tribunal. «Este es un Gobierno que escucha, reflexiona y toma medidas para resolver los problemas de la sociedad», deslizó Calviño.

RETOS DE LA BANCA

Durante su intervención, valoró que la banca haya salido reforzada en los recientes test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) donde han probado «su notable grado de resistencia» y que eso le permite dar crédito y apoyar el crecimiento de la economía mientras el sector privado sanea balances y reduce su apalancamiento.

Sin embargo, subrayó que la banca enfrenta dos desafíos: «la responsabilidad con la sociedad de cara al futuro» y la evolución tecnológica, que más que una transformación supone una «revolución» del mercado para las entidades, con la irrupción de nuevos jugadores, y también para las autoridades regulatorias y de competencia.

La ministra aseguró que la banca española se encuentra «entre las más avanzadas tecnológicamente del mundo» y el Gobierno está decidido a acompañarlas en este proceso para que promuevan, con la innovación, la inclusión financiera y el crecimiento sostenido.

Para conseguirlo apuntó a la futura creación de un sandbox o banco de pruebas donde entidades financieras y otros jugadores fintech podrán testar la viabilidad de sus proyectos, servicios o productos piloto con clientes reales sin someterse a las exigentes normativas de la industria financiera aunque bajo la supervisión de reguladores y supervisores.