La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió el sigilo mantenido en los contactos para la potencial fusión entre Bankia y Caixabank como algo inherente a estos procesos frente a las quejas de Unidas Podemos y aseguró que el Gobierno buscará “maximizar” el valor del 66,81% que controla de Bankia, según informa Servimedia.
“El Gobierno tiene una posición muy clara con respecto a esta cuestión: la de defender el interés público, maximizar el valor de la participación pública y reforzar nuestro sector financiero. No hay ningún tipo de duda respecto al compromiso del Gobierno sobre estos objetivos”, resumió al ser cuestionada sobre las críticas de Podemos, que quiere una banca pública, tras acudir a Bruselas a hablar con varios comisarios sobre los fondos europeos que pueden llegar a España.
Ante la opción de la banca pública, Calviño subrayó que ya “tenemos un banco público” en alusión al ICO, que “se ha revelado absolutamente fundamental para proporcionar las respuestas necesarias con agilidad, con eficiencia a esta pandemia”. Al respecto recordó la puesta en marcha de una línea de avales con el organismo por valor de 100.000 millones de euro para dar liquidez a empresas y autónomos, y “en breve” se activará otra de 40.000 millones para inversión, además de otros créditos otorgados por el ICO.
“Contamos con una de las instituciones más eficientes en Europa precisamente para proporcionar ese apoyo del sector público y una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia”, resumió.
En cuanto al sigilo que se ha llevado en el proceso y que el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado que hacía que solo conociesen la operación en la órbita de Economía, Calviño defendió que la confidencialidad es “fundamental” en estos procesos.
“Comprenderán que cuando se está produciendo una fusión y a lo largo de mi carrera he tenido mucho que ver con operaciones de concentración, uno de los elementos absolutamente fundamental es la confidencialidad”, explicó. “Por tanto, hay una enorme restricción respecto a la información que se comparte antes de que, como se ha sucedido estos últimos días, se hace público que se ha abierto un proceso de conversaciones o negociaciones entre las dos entidades interesadas”, añadió.
Calviño reconoció que el estado de esta operación ha sido uno de los aspectos compartidos con el resto de comisarios de Economía en sus reuniones de Bruselas hoy, desvelando que es un proceso que se “están siguiendo muy de cerca por parte de las instituciones internacionales y comunitarias puesto que supone un primer paso en un proceso de reestructuración del sector financiero que tanto el BCE como la Comisión Europea han venido defendiendo, instando, pidiendo desde hace tiempo”.
“Les he informado del estado de las conversaciones que están manteniendo entre las dos entidades interesadas y hay, evidentemente, interés en cómo seguir, como se va desarrollando este proceso en nuestro país”, detalló.
Calviño enmarcó este proceso en el interés por las concentraciones demandado tanto por el BCE como por la Comisión Europea en el contexto europeo, sin querer entrar a especular si habrá mayores movimientos en España.
“En esta misma línea –precisó- nosotros no impulsamos ningún proceso. Vamos a tomar las decisiones oportunas desde el punto de vista de nuestras competencias, atendiendo siempre al interés general, que es lo que hemos hecho desde el primer día”.
En este punto la vicepresidenta económica insistió en que los criterios que van a guiar la decisión del Gobierno, que en última instancia debe dar luz verde también a la fusión, se complementa también con “maximizar el valor de la participación del Estado dentro de la entidad y, en segundo lugar, apoyar la estabilidad financiera” en “nuestro país” y “en el conjunto de Europa”.
Calviño evitó entrar a valorar si será más fácil o no recuperar las ayudas públicas con una fusión así que otras alternativas, pero sí desveló que una de las cuestiones que se están discutiendo dentro de la operación “es precisamente la participación del Estado en la nueva entidad”.