La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha descartado este lunes la creación de una empresa energética pública como demanda Unidas Podemos y ha advertido de que el Gobierno tiene intención de tomar medidas legales «inmediatas» contra las empresas hidroeléctricas que están incurriendo en «malas prácticas» por el vaciado de embalses.
«Vamos a terminar con las malas prácticas de aquellas empresas concesionarias en el ámbito hidroeléctrico. Nuestra intención es inmediatamente utilizar instrumentos legales para poner fina esa mala praxis», ha subrayado Calviño en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
La vicepresidenta ha subrayado que la energía hidroeléctrica y las renovables deben aumentar su penetración por ser las más limpias, pero ha insistido en que no se puede permitir que se realice una gestión «inadecuada de unas concesiones públicas que, por razones puramente de beneficios de las empresas», tengan consecuencias negativas desde el punto de vista social y medioambiental».
Respecto al actual precio de la luz, Calviño ha asegurado que había previsto a medio y largo plazo un aumento de los precios mayoristas por el incremento de los costes de CO2. «Pero ese aumento se ha acelerado muchísimo y los precios que estamos teniendo los preveíamos para 2030», ha apuntado.
La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno ha adoptado y está trabajando en un plan de choque para que el repunte de precios de la electricidad no lo paguen los ciudadanos y las empresas, sobre todo las pymes, aunque ha insistido en que los precios del mercado mayorista no son los que automáticamente se pagan en el recibo.
En línea con lo dicho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Calviño ha asegurado que la previsión del Ejecutivo es que en el conjunto del año «se pague aproximadamente» lo mismo que en 2018 por la luz, «teniendo en cuenta la inflación que ha habido desde entonces», ha precisado.
El plan de choque en el que trabaja el Gobierno para rebajar los costes de la factura, ha indicado, ampliará y profundizará algunas de las medidas ya adoptadas, siempre con el respeto al marco regulatorio comunitaria, y con el objetivo de que sean «eficaces».
NO A UNA EMPRESA PÚBLICA ENERGÉTICA
Así, ha descartado medidas que «no responden a las necesidades» y que realmente no sirven para atajar los problemas, entre ellas la creación de una empresa energética público como demanda Podemos.
«La evolución de los precios en los mercados mayoristas no dependen de que una empresa sea pública o privada (…) Hay otras ideas y sugerencias que no van a resolver en absoluto los problemas. Queremos tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro», ha defendido Calviño.
La vicepresidenta primera ha señalado que no sólo se refiere a las ideas de Podemos, también a las propuestas que está haciendo el PP y que ha definido como «una especie de mancha de tinta de calamar que no responde absoluto a las necesidades» de los ciudadanos.
Preguntada por si las diferencias que existen en el Gobierno de coalición sobre cómo combatir los elevados precios de la luz ponen en peligro el apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 o la propia coalición, la vicepresidenta ha pedido que, en general, «se rebaje un poco el grado de crispación, el tono y las declaraciones rimbombantes que se oyen de unos u otros».
«La realidad es que España necesita unos Presupuestos Generales del Estado», ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno de coalición «tiene muy buena salud» y que el objetivo es terminar la legislatura y seguir trabajando en lo que queda de ella.
CONFÍA EN QUE LOS PRESUPUESTOS SE APRUEBEN «EN TIEMPO Y FORMA»
En relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, Calviño confía en que «se aprueben en tiempo y forma» y ha dicho que el objetivo del Gobierno es tenerlos a finales de este mes o principios de octubre.
Pese a la fragmentación del Parlamento, la vicepresidenta se ha mostrado «optimista» sobre los apoyos que podría recibir el Gobierno para sacar adelante los PGE de 2022. «Soy optimista porque es el momento de impulsar la recuperación, nos jugamos mucho, y es el momento de que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias», ha añadido.
En este sentido y preguntada por si el Gobierno intentará obtener el respaldo de Ciudadanos a las cuentas públicas, Calviño ha sido clara: «Cuanto más apoyo, mejor».
«La acción de política económica de este Gobierno responde a la visión del 95% de la población española. No veo por qué no podría haber un gran acuerdo transversal de los grupos políticos para apoyar unos Presupuestos que son buenos para España y que permitirán canalizar los fondos europeos e impulsar la recuperación», ha subrayado.
Sobre si los PGE de 2022 incluirán medidas fiscales, Calviño ha indicado que lo ideal es esperar a febrero de 2022, con el informe de los expertos ya en la mano, para tomar decisiones en este ámbito. «Vamos a ver qué nos recomiendan antes de abordar cambios más significativos en el campo fiscal», ha explicado.
Sobre la negociación del SMI y los ERTE
Calviño también ha expresado su confianza en que los agentes sociales, que se reúnen hoy con el Ministerio de Trabajo, lleguen a un acuerdo este mes de septiembre sobre la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas.
«El aumento del SMI lo tenemos que hacer siempre y cuando no ponga en riesgo el empleo, sobre todo para los jóvenes», ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno se guiará por las recomendaciones de la comisión de expertos que creó para analizar la mejor senda de subida del SMI de cara al objetivo de alcanzar el 60% del salario medio a final de legislatura.
Calviño ha explicado que la senda de subida del SMI puede retomarse ahora debido a los datos positivos que está teniendo el mercado laboral, con caídas «sin precedentes» del paro y bajada de los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Precisamente, a propósito de los ERTE, la vicepresidenta primera ha confirmado que la intención del Gobierno es prorrogar este instrumento más allá del 30 de septiembre, si bien ha indicado que habrá que hacerlo «en los parámetros que generen más empleo».
Esto implicará, con toda probabilidad, una revisión de las exoneraciones a la Seguridad Social vinculadas a los ERTE.
«Hay que ir a un mecanismo permanente. Este mes lo que tenemos que ver con los agentes sociales es cómo hacemos esa transición para seguir ayudando a los sectores que no han recuperado la normalidad», ha apuntado Calviño, que ha recordado que los ERTE se han ido adaptando a lo largo de la pandemia en lo que respecta, por ejemplo, a los sectores protegidos y a las exenciones de cotizaciones.
