Las cuentas planteadas por el Gobierno y con las que proyecta un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para 2019 se han tropezado con el bloqueo del techo de gasto en la Cámara Alta que sí validó el umbral del 1,3% planteado por el Ejecutivo del PP.

Durante su comparecencia defendió que el plan proyectado por el Gobierno socialista y las medidas de política económica que prevé desplegar buscan “un punto de inflexión” diez años después de la crisis porque apuestan por “contribuir al bienestar” de los ciudadanos y responder a sus necesidades y exigencias, conjugado con reforzar el esfuerzo en la disciplina fiscal.

Las cuentas se cimentan sobre la expectativa de que la economía crezca un 2,6% este año y el 2,3% el ejercicio siguiente y el desempleo se reduzca del 15,5 al 13,8%, escenario que calificó de “realista”. Según subrayó ha sido considerado además como “prudente” por Bruselas o la Airef y se encuentra en línea con el consenso nacional e internacional de distintos organismos y servicios de estudios.

La ministra resaltó seguirá siendo una de las mayores expansiones de la eurozona pero advirtió que las cifras “nos ponen sobre la pista de que nos estamos acercando a nuestro crecimiento potencial”, por lo que hace falta actuar y abordar los desequilibrios. Los principales que identificó es el alto nivel de desempleo y la precariedad laboral, la productividad de la economía y el elevado peso de la deuda.

En el marco de esta exposición justificó las medidas incorporadas a los presupuestos y que promoverán un aumento de la partida de ingresos equivalente al 4,5% del PIB.

Entre las medidas articuladas defendió la subida del salario mínimo a los 900 euros para “avanzar en la lucha contra la pobreza”. “Los sueldos se han estancado en un nivel tan bajo que en muchas ocasiones (los asalariados) no pueden vivir con su salario”, alertó.

En materia de empleo subrayó que el Gobierno baraja también un paquete de medidas para atajar el alto paro, sobre todo juvenil, y atacar la alta rotación, la temporalidad y los abusos en la contratación que “impactan en la capacidad adquisitiva” de los ciudadanos.

Calviño criticó que desde 2014 el anterior Ejecutivo apenas redujo en dos puntos porcentuales la deuda. “Sube como la bala de un cañón, y luego baja como una pluma”, ilustró, para añadir que el Ejecutivo quiere abordar esta situación porque está “absolutamente comprometido con la estabilidad presupuestaria”. Además de fijar el objetivo de déficit en el 1,8% del PIB que se traducirá en un esfuerzo estructural del 0,4%, subrayó que el proyecto de Presupuestos enviado a Bruselas se compromete a reducir el ratio de deuda pública sobre el PIB desde el 98,1% al 95,5%.