Así se expresó Calviño en la sesión de control al Gobierno en respuesta a la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín, quien le pidió cambios en el proyecto de ley de crédito inmobiliario para obligar a los bancos a abonar este tipo de gastos.

“En este contexto lo prudente es esperar a que el Supremo se pronuncie antes de valorar si es necesario tomar alguna decisión”, defendió la ministra, quien recordó qe el Pleno del Alto Tribunal comunicará su decisión definitiva el 5 de noviembre.

Además, apuntó que, a la espera de dicha decisión, que podría suponer un cambio de doctrina con respecto a lo aplicado durante décadas, el Gobierno ya está analizando las implicaciones que puede tener la sentencia para los ciudadanos, el sector financiero y las arcas públicas.

Por último, señaló que se trata de una cuestión “extraordinariamente sensible” puesto que la compra de una vivienda es posiblemente “la decisión legal y económica más importante” de muchos ciudadanos, así como por la importancia del mercado hipotecario para los bancos.