«Cuando ha enfocado su carrera en el sector público y tienen voluntad de trabajar en el sector público, como se ha acreditado, deja de tener vinculación con la empresa», ya que la sociedad «va a tener una serie de fines mercantiles», refieren fuentes del Ministerio de Economía a Servimedia.

El periódico ‘ABC’ desvela este viernes que Calviño compró junto a su marido un chalet en la localidad madrileña de Mirasierra con una sociedad instrumental, la citada Aldael Consultores, y utilizando dos testaferros. Según el diario, el matrimonio residió en la vivienda hasta el año 2006, aunque Calviño había transferido sus acciones en la sociedad a un hermano, dos años antes, cuando fue nombrada directora de Competencia en Bruselas. Desde entonces el inmueble ha estado alquilado a distintos inquilinos.

En el Ministerio de Economía detallaron que la sociedad se crea con fines de gestión inmobiliaria y consultoría «con un despacho profesional que ayuda en la gestación de la sociedad», en alusión a las dos personas que se apuntan como testaferros, cuando Calviño todavía barajaba la posibilidad de dedicarse a la actividad empresarial privada.

La vivienda acabará convertida, según las mismas fuentes, en la sede social de la empresa. «Es algo absolutamente correcto y legal», defienden al respecto.

La separación llega cuando se determina trabajar en el sector público y entonces procede a «separar de manera estricta» sus actividades del patrimonio familiar, incluso con una separación de bienes, indican en el Ministerio, donde señalan que todas sus propiedades y sueldo se encuentre detallado en los registros públicos.