El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este martes en el Senado, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las medidas puestas en marcha por el Gobierno para frenar la ‘okupación’ y ha destacado que «el 80 por ciento» de las denuncias por este fenómeno son imputables a mafias y sobre edificios abandonados.

El titular de Justicia ha respondido así a la senadora de Vox Yolanda Melero, a la que ha acusado de «alarmar» y «abusar de las ‘fake news’ a los ciudadanos al insinuar con su pregunta que la legislación «protege» más a los ‘okupas’ que a los propietarios de viviendas.

En este sentido, Campo ha recordado que según los últimos datos dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial sobre este asunto, en 2017 hubo 6.757 condenas por usurpación, «que no por allanamiento» –ha aclarado–, cifra que se redujo en 700 resoluciones condenatorias un año después. Ha añadido que «más del 80 por ciento de las denuncias por ocupación son imputables a mafias y sobre edificios abandonados».

Así, el titular de Justicia, que ha admitido que la ‘okupación’ es un «fenómeno con múltiples aristas» en el que hay que «distinguir entre las mafias ocupantes y las familias vulnerables», no se ha mostrado de acuerdo con la senadora de Vox sobre la necesidad de realizar una reforma legal, sino que ha abogado por establecer mecanismos que ofrezcan una «respuesta rápida».

En este sentido, ha recordado que en 2018 se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ha defendido la reciente Instrucción de Fiscalía y el protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad para agilizar el desalojo y unificar los criterios de actuación. «La solución no es, como pone en su programa electoral, establecer la legítima defensa. ¿Lo siguiente qué será, el derecho a usar armas? Ahí no nos van a encontrar», ha asegurado.

Por su parte, el ministro del Interior, también ha salido en defensa de las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la ocupación ilegal de viviendas frente a las críticas lanzadas por el senador del PP Pedro Rollán, quien ha pedido a Grande-Marlaska que apoye la propuesta de su partido a favor de sacar a los ‘okupas’ en un máximo de doce horas, impedir que se empadronen o penar con hasta tres años de cárcel la usurpación.

Además de recordarle el nuevo protocolo para policías, el ministro del Interior ha atacado la falta de «credibilidad» de los ‘populares’, asegurando que durante el Gobierno del PP se triplicaron las ‘okupaciones’ en una etapa en la que el propio Rollán fue consejero de la Comunidad de Madrid, una región que pasó de 673 a 1.500 casos de okupaciones ilegales.

CAMPO ACUSA AL PP DE «EMBARRAR» CON LA FISCALÍA

Antes de estas preguntas, el titular de Justicia ha respondido a la senadora del PP Cristina Ayala, quien a cuenta de una pregunta general sobre la situación de la Justicia en nuestro país ha acusado a la Fiscalía de estar al servicio del Gobierno.

En este punto, la senadora ‘popular’ se ha preguntado si el Ministerio Público defiende la legalidad cuando rechaza querellas de los médicos por falta de medios frente a la pandemia o habla de «contaminación» de algunos miembros de esta institución, en alusión a las manifestaciones realizadas este lunes por el teniente fiscal de Tribunal Supremo, Luis Navajas.

En relación con la postura de este fiscal en su informe contrario a la apertura de causas penales contra miembros del Gobierno por su gestión de la pandemia, Ayala se ha preguntado cuándo pasa a ser punible la incompetencia, a lo que ha añadido reproches al ministro por las fotografías que le mostraban este verano disfrutando de la playa junto al expresidente de la Junta de Andalucía y condenado por el caso de los ERE Manuel Chaves.

Por su parte, Campo ha respondido a todas estas acusaciones acusando a la senadora popular de venir a «embarrar» y lanzar dudas sobre la imparcialidad de jueces y fiscales «urdiendo planes que solo existen en su mente» en vez de arrimar el hombro, y le ha reprochado que mientras tanto incumplan con su obligación de renovar los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).