Según informó Justicia, con este texto se elaborará un anteproyecto de modificación de la Lecrim que será llevado primero al Consejo de Ministros y, si se le da el visto bueno, se enviará al Congreso.

El Ministerio explicó que esta propuesta de reforma responde “a la demanda histórica de superación del modelo decimonónico a través de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno”.

Según el departamento que dirige Campo, el texto de los expertos parte “del importante esfuerzo colectivo realizado por anteriores gobiernos como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual Lecrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales”.

ADN Y DENUNCIA TELEMÁTICA

Justicia entiende que con esta propuesta se cierra “un círculo de reformas llevadas a cabo durante décadas de trabajo por parte de Ejecutivos de distinto signo político con el fin de proporcionar a la sociedad española una Justicia penal actual, ágil y eficiente”.

El texto se sitúa “a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática”.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por Campo, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un ejemplo de norma jurídica comprensible.