Las palabras del vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano hacia el juez Santiago Pedraz dejan mucho que desear. El magistrado se ha negado a aplicar la nueva reforma de la Justicia Universal en el «Caso José Couso», una modificación de la ley que dejará una docena de casos sin resolver.

El juez ha dicho que no aplica la ley porque la jurisdicción internacional prima sobre la nacional y que esta nueva ley del Ejecutivo es contraría al IV Convenio de Ginebra sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra.

La presión y las críticas de los populares hacia este juez Pedraz que quiere llegar hasta el final del Caso Couso, el cámara muerto a manos de militares estadounidenses en Irak, demuestra una vez más que en este país llamado España no hay una separación de poderes y que el Gobierno pone palos en las ruedas de la justicia.