La relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, calificó este viernes de “escándalo global” que los gobiernos ignoren que casi 900 millones de personas vivan en asentamientos informales o infraviviendas en todo el mundo.
«Las condiciones de vida en los asentamientos informales son una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo y, sin embargo, la mayoría de ellas la ignora y la exacerba», apuntó este viernes Farha en un informe remitido a la Asamblea General de la ONU.
Farha tildó de “infrahumanas” las condiciones en que viven muchas de esas personas por “hacinamiento, falta de servicios básicos como inodoros y agua corriente, y total inseguridad”. “Muchas temen constantemente que sus casas sean destruidas o destruidas”, añadió.
Farha describió el desafío de la vivienda en África y Asia como inmenso. “En muchas ciudades de África, más de la mitad de la población vive en asentamientos informales. En Asia hay 520 millones de residentes de asentamientos informales, a menudo en áreas que son vulnerables a las inundaciones, deslizamientos de tierra o contaminación», apuntó.
Incluso en los países más ricos, los asentamientos informales o los campamentos son comunes. «En los países de América del Norte he visitado campamentos debajo de los puentes de las autopistas que están privados deliberadamente de inodoros portátiles que están sujetos a que sus tiendas y pertenencias sean barridas en cualquier momento», dijo.
La relatora especial recalcó que los asentamientos informales son el resultado de «un desprecio flagrante» del derecho a la vivienda en una amplia gama de áreas políticas.
El informe señala que los países deben dejar de estigmatizar y criminalizar a los residentes de asentamientos informales y, en cambio, desarrollar las capacidades de las comunidades para reclamar y hacer realidad sus derechos. «El compromiso de los Estados en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de proporcionar viviendas seguras, adecuadas y asequibles para todos, y mejorar los asentamientos informales para 2030 debe tratarse como un imperativo de derechos humanos de primer orden», subrayó Farha.
El informe de la relatora especial incluye 31 directivas para mejorar los asentamientos informales en cumplimiento del derecho a la vivienda y otras normas internacionales de derechos humanos. Las directivas recogen el derecho de los residentes a participar en todos los aspectos de la mejora en este sentido y subrayan la obligación de los Estados de facilitar la participación comunitaria, evitar la reubicación innecesaria y poner fin a la práctica de los desalojos forzosos.
