El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germá Gordó, han firmado este jueves el convenio de colaboración para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia que lleva aparejado un crédito de 1.186.744 euros para impulsar las nuevas tecnologías en los juzgados, la Oficina Judicial y la mejora de la asistencia jurídica gratuita.

Catalá ha destacado que el encuentro ha transcurrido en un clima de «absoluta colaboración y cordialidad» y ha estado precedido de un almuerzo con el consejero catalán, en el que han salido a relucir cuestiones como la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional ante el 27-S, los escenarios poselectorales o la perspectiva de voto. «Conversaciones que tiene cualquier persona sensibilizada con asuntos de la política», ha remachado Catalá.

El ministro de Justicia ha formalizado con este convenio de colaboración el compromiso financiero adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 22 de mayo, en el que se acordó la distribución de un crédito de 6 millones de euros entre las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas según criterios poblacionales o de litigiosidad. Según este acuerdo, a Cataluña le corresponden 1.186.744 euros.

Servirá para implantar la oficina judicial

En virtud del convenio, la Generalitat de Cataluña se compromete a destinar durante el ejercicio 2015 la cuantía recibida a impulsar las nuevas tecnologías en los juzgados con el objeto de alcanzar el ‘papel cero’ mediante la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal.

Además, el dinero podrá dirigirse a dotar de los medios materiales necesarios la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal, o a mejorar la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, Catalá ha reconocido que la implantación de la Oficina Judicial ha ido «muy despacio» y, por ello, ha apostado por acelerar su puesta en marcha en toda España. Finalmente, ha confiado en que esta cofinanciación se convierta en una «vía permanente» en beneficio de los intereses comunes que comparte el Estado con las autonomías.

Europa Press