CCOO exige que el personal educativo y asistencial se incluya en el nivel de riesgo 2

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La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que la actual clasificación de los y las profesionales del ámbito educativo, socieducativo y asistencial como personal de riesgo de nivel 1, el más bajo, “no se ajusta a su exposición real y dificulta la protección de su salud”, y pide al Gobierno que lo aumente al 2, informa Servimedia.

En concreto, el sindicato recuerda que el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov2 del 8 de junio de 2020 fija los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores con el fin de establecer medidas preventivas. En dicho procedimiento se incluye al personal de los centros educativos en el nivel 1 de riesgo, es decir, en el más bajo, por lo que se considera que tiene una escasa probabilidad de exposición al virus.

CCOO alerta de que “esta asignación de nivel de riesgo no se ajusta a la realidad actual en los ámbitos educativos, socioeducativos y asistenciales y puede poner en peligro la salud de estos trabajadores y trabajadoras”. Además, esta situación se agrava de manera significativa cuando los profesionales de estos sectores forman parte de un grupo vulnerable (enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, obesidad mórbida, más de 60 años y embarazo), ya que el nivel de riesgo de contagio 1 no lleva asociado, en ninguno de los grados de patología previstos (controlada, descontrolada y comorbilidad), ni la adaptación del puesto de trabajo ni la incapacidad temporal ni la prestación por riesgo de embarazo de lactancia.

Por todo ello, la organización ha remitido una carta a los ministros de Educación y Formación Profesional y de Sanidad, Isabel Celaá y Salvador Illa, en la que revindica que se eleve el nivel de riesgo para los trabajadores de ese ámbito. Reclama que este personal sea incorporado, al menos, al nivel de riesgo 2 de forma general y que se valore la inclusión en el nivel de riesgo 3 del personal vinculado al ámbito de la discapacidad, protección de menores (centros de acogida y residenciales) y la educación especial.

 

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