CCOO concluyó este viernes que el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2018 es una “amalgama de políticas sin un horizonte claro para el empleo” y reclamó al Gobierno un plan que tenga “valor real” para la economía y para el empleo.
Según informó el sindicato, ha realizado un análisis del PAPE para 2018 que recoge actuaciones con una inversión de más de 7.000 millones de euros destinados a financiación de programas cuyo objetivo es promover la contratación.
El análisis del sindicato apunta que en la elaboración del PAPE este año no existe un diagnóstico previo de la situación ni de la oportunidad de determinadas políticas. Este hecho, unido a la falta de evaluación de impacto de las políticas implementadas, “hace que se vaya a tientas y el éxito dependa de la suerte en la ruleta del mercado de trabajo”, en opinión de la secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana.
Para el sindicato, la intervención pública debe servir para activar la actividad productiva y el empleo, de tal forma que, una vez impulsada, la ayuda pública sea innecesaria. En 2018, la cantidad prevista en el PAPE para bonificaciones de las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto por formación como por contratación, supera los 2.600 millones de euros.
De los recursos destinados a crear oportunidades de empleo, el 81% son bonificaciones a la contratación (1.914 millones de euros) y subvenciones a la realización de contratos laborales (883 millones de euros). El “abuso” de este tipo de medidas, teniendo en cuenta la “laxitud” de los requisitos para acceder a ellas, es un “remiendo coyuntural a los problemas estructurales que padece el mercado de trabajo de nuestro país”, a juicio de CCOO.
Según Santillana, “la derivación endémica de recursos públicos hacia la empresa privada para sufragar sus costes laborales, sin que se cree un marco económico favorable para el crecimiento, nos condena a mantener una tasa de empleo sostenida con financiación pública, en detrimento de otras políticas de bienestar social y económico”.
El sindicato defiende la necesidad de dirigir más esfuerzos a la mejora de la empleabilidad de los colectivos que más dificultades, que se aproveche la red de centros públicos para la formación y urge a combatir la precariedad laboral.
Finalmente, destaca que las políticas de empleo “no son parches para atenuar los desequilibrios del mercado de trabajo” y las medidas del PAPE deben contribuir a la constitución de un “marco estable de generación y mantenimiento de empleo”.