En un comunicado, el sindicato consideró que hacen falta medidas más amplias y estructurales, empezando por la aprobación de una ley integral sobre pobreza energética, estableciendo un bono social energético que incorpore coordinadamente las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

A juicio de CCOO, la proximidad del vencimiento del plazo para solicitar el nuevo bono social, sin que sus efectos hayan llegado a la mayor parte de los potenciales beneficiarios, pone de manifiesto las “carencias” de la normativa que hasta ahora se ha establecido para paliar la pobreza energética.

La nueva normativa estableció un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y, debido a la “complicada” tramitación administrativa, hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono que establece descuentos en el recibo de la luz de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión.

Para CCOO, es preciso prorrogar dicho plazo para que nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas, que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que exista asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética.

Asimismo, el sindicato reiteró que este bono “no soluciona los principales problemas de pobreza energética y que hacen falta otra serie de medidas más amplias y estructurales” como una ley integral sobre pobreza energética que considere la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares.

Esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que “ahora solo beneficia a las grandes compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios de la misma, y con un impulso real a la rehabilitación energética”, según el sindicato.