La patronal pedirá una retribución por su labor de asesoramiento
El tiempo de prórroga en el que se encuentran las negociaciones del Real Decreto de Formación para el Empleo, que previsiblemente verá la luz en el Consejo de Ministros del próximo viernes, parece que acabará con un marcador favorable al Gobierno. Al menos así se traduce del fondo y las formas con las que el presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se ha referido al contenido del texto. «Los empresarios sabemos de los temas de formación, la Administración no sabe», ha sentenciado el presidente de la patronal Juan Rosell, quien a continuación matizaba que aceptarían que «nos ayuden pero no que manden».
La percepción de los empresarios sobre el texto del R.D. es «técnicamente muy mejorable» y han mostrado su intención de continuar «discutiéndolo». Según opinan desde CEOE de llevarse adelante en los términos en los que está redactado el borrador no sólo se perdería calidad en la formación sino que muchas renunciarían a impartirla, de hecho fuentes de la patronal apuntan en que «en las circunstancias actuales, y sin reforma, 7.000 empresas han renunciado ya a la formación».
Con el objetivo de aproximarlo a los modelos europeos como el francés y el alemán, uno de los puntos a debatir será el relativo a la libre concurrencia cuestión para la que si bien Rosell ha sido contundente «por supuesto que sí», acto seguido ha puntualizado que la evaluación de la misma «debe caer en manos de los empresarios». El presidente de la patronal a aprovechado también para poner de manifiesto «lo poco» que dejarían de gestionar económicamente, «ójala los empresarios tuviésemos que destinar a formación más del 0,7 actual».
Pase lo que pase en las horas que restan hasta el Consejo de Ministros del viernes, lo que sí ha quedado claro es que los empresarios pedirán que la labor de asesoramiento sea retribuida, bien directamente o «bien si contratamos a una consultora, que también puede darse el caso».
Por otra parte tanto Rosell como su homólogo de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), Antonio Garamendi sen han lamentado de la falta de información acerca del impacto de la formación en materia de Empleo, «no tenemos más que un 10 por ciento de la información. La que proporciona la Fundación Tripartita, ni de las Comunidades Autónomas ni la del resto de actuaciones bonificadas». Según ha explicado Garamendi ninguna de las organizaciones conocen el impacto en productividad, empleabilidad y competitividad de los programas de formación actuales.
Ha habido fraude
En un lavarse las manos desde CEOE no han dudado en reconocer que «ha habido fraude» y que «no sabemos cuantificarlo» algo que para los empresarios corresponde a la Administración. Es por ello por lo que la patronal se ha mostrado favorable, siempre y cuando no se vuelquen todos los esfuerzos en el desarrollo de estos mecanismos de control en detrimento del contenido y desarrollo de los programas. Se deben «implantar todos los controles habidos y por haber», ha recalcado Rosell, quien, por otra parte ha negado en varias ocasiones cualquier vinculación con el pacto salarial y la formación.
