La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defiende la colaboración público-privada puede ayudar a mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, ya que, según la patronal, “se trata de hacer que la Administración sea menos costosa y más eficiente, y que la burocracia abandone su filosofía de complacencia y derechos adquiridos por un enfoque de iniciativa y libertad para actuar”.
Esta es una de las conclusiones del informe ‘La colaboración público-privada en la concertación social autonómica, en las concesiones municipales, gestión de los servicios y obras públicas municipales’, elaborado por la Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE.
En este informe se señala “que el término remunicipalización se ha convertido en una palabra de moda en ciertos ámbitos políticos, que pretende simbolizar una vuelta al origen de la gestión municipal”.
El debate se ha producido especialmente en torno a los servicios englobados en el ciclo urbano del agua, la recogida de basura, el mantenimiento de zonas verdes, la distribución eléctrica o la movilidad urbana.
Sin embargo, los empresarios advierten de que “la gran mayoría de los servicios y obras públicas actuales no habrían alcanzado los niveles de prestación sin la colaboración tanto en su construcción como en su gestión, de la iniciativa privada”.
“Con la externalización, la Administración genera eficiencias trasladando los costes fijos al contratista y también introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor como consecuencia de la legítima y necesaria competencia empresarial, lo que supone un aumento de la satisfacción de los consumidores y usuarios, que podrían disfrutar de más y mejores bienes y servicios”, apunta el informe.
Los empresarios también exponen las ventajas y oportunidades que brinda la colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos, entre los que destaca los ahorros económicos, la posibilidad de mejorar las prestaciones que reciben los ciudadanos sin necesidad de incrementar el endeudamiento público, la determinación más precisa de los precios finales de diferentes servicios o la mejora en los aspectos organizacionales o laborales.
Por último, asegura que “el posible conflicto entre un servicio público de calidad y la maximización de beneficios de las empresas contratistas se minimiza mediante un contrato que garantice unos estándares de calidad del servicio”.
“Las empresas tienen la lógica aspiración de trabajar en negocios que sean rentables y esto es beneficioso para la Administración Pública”, concluye.
