El presidente de CEOE, Juan Rosell, reclamó este miércoles que se «potencien y mejoren» los incentivos fiscales que se destinan a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En su intervención en una cumbre sobre innovación organizada por la patronal, Rosell subrayó la necesidad de impulsar «diversos aspectos» de estos incentivos, como la reducción de los plazos de emisión de los informes motivados vinculantes o la articulación del nuevo sistema de liquidación.

En esta línea, el presidente de CEOE apuntó que la patronal «considera necesario mantener la estabilidad y uniformidad» del sistema fiscal español en lo que se refiere al apoyo a este tipo de actividades de innovación. Además, agregó que «no se debe olvidar» que las bonificaciones a la I+D+i tienen «un gran efecto» tanto entre los jóvenes investigadores y pymes como en «el universo investigador e innovador».

También considera un «pilar fundamental» para el desarrollo de la innovación el apoyo a la «financiación» de estas actividades. En su opinión, «resulta imprescindible la adaptación de los tipos de interés, de los plazos de amortización y carencia, y de las condiciones de avales a la realidad de los mercados» en los préstamos ligados a las ayudas a la innovación.

En el marco europeos, defiende que es necesario «asegurar» la cofinanciación de las líneas de I+D+i de los nuevos Programas Operativos Feder. Por último, sostiene que hay que apoyar la «internacionalización» de las empresas, ya que es un factor que «requiere una especial atención y, sin duda, promoción». Para ello, apuesta por «incrementar el apoyo financiero de este tipo de procesos mediante la puesta en marcha de líneas específicas de financiación».

Por otro lado, Rosell destacó algunas propuestas de la patronal que, «por su especial relevancia», deberían ponerse en funcionamiento «sin demorarse más en el tiempo». En concreto, reclamó que las restricciones presupuestarias «no afecten a un área tan importante para la competitividad», que se favorezca la colaboración público-privada, que se refuerce el gasto público en investigación de calidad para promover la inversión privada, y que se adecúe la investigación que se realiza en las universidades y los centros públicos a las necesidades de las empresas.