El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado los próximos días 9 y 14 de abril, respectivamente, a los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves para que comparezcan en calidad de imputados en la causa que investiga los presuntos ERES irregulares en esta comunidad autónoma.

La decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa -todos ellos solicitaron comparecer voluntariamente-, quienes comparecerán entre los próximos 7 y 21 de abril, una vez celebradas las elecciones autonómicas andaluzas.

Para el resto de aforados el calendario es el siguiente: el primero en comparecer será el exconsejero José Antonio Viera, citado para el 7 de abril; después de que el 9 comparezca Griñán y el 14 lo haga Chaves el situiente en ser interrogado erá el exconsejero Gaspar Zarrías, el 16 de abril. La última en comparecer, el día 21, será la senadora Mar Moreno.

A todos ellos se les cita a las 10,00 horas del día correspondiente para prestar declaración en calidad de «imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones (*) con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas». En la resolución no se citan delitos.

En el caso de Viera estas funciones son las que realizó como consejero de Empleo mientras que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia. A Chaves se le cita en relación a los actos cometidos como presidente de la Junta Andaluza y a Griñán como presidente de la Junta y también como Consejero de Economía.

Las citaciones estaban pendientes de producirse desde mediados del pasado mes de noviembre, que fue cuando los aforados formalizaron su personación como parte en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo por los ERES presuntamente irregulares de Andalucía y solicitaron declarar de forma voluntaria.

Ampliación de pericia del IGAE

En la providencia dictada por el instructor, que lleva fecha de este lunes, se señala que una vez analizada la pericial presentada por Griñán, los peritos de esta institución pública deben ampliar su informe para hacer frente a las contradicciones señaladas por el dictamen de parte.

En este documento, que firman los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago poniéndose a las tesis de la Intervención General del Estado (IGAE) de considerar delictivas las denominadas «transferencias de financiación».

Por otra parte, Jorge Barreiro se refiere a las actas de las sesiones celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros denominadas «consejillos» por el exconsejero de Empleo e imputado por el Juzgado de Instrucción número 6, y que eran presididas por el correspondiente consejero de Presidencia con el fin de preparar los temas a tratar en los Consejos de Gobierno.

A este respecto, y previo examen de estas actas, se solicita a los peritos de la IGAE informar al instructor sobre los temas que se trataban en estos «consejillos» relativos a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda «y a cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas» a diferentes empresas andaluzas.

El instructor también quiere que los peritos de la Intervención General le informen sobre las decisiones que la Comisión General de Viceconsejeros adoptaba respecto a personas físicas en el periodo comprendido entre 2000 y 2012.

Documentación de la Junta

Además, pide a la Junta de Andalucía que aporte los documentos firmados por las personas competentes en las Consejerías de Empleo e Innovacón, Ciencia y Empresa, que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos dependiente de Economía «con las propuestas de anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años comprendidos en el periodo 2000-2012, ambos inclusive».

Jorge Barreiro también pide a la Junta que le entregue los documentos firmados por la persona que ejercía las competencias presupuestarias en la agencia de innovación investigada por la juez Mercedes Alaya IFA-IDEA -que presuntamente tramitaron las ayudas irregulares-, y que estén relacionadas con la remisión al órgano gestor de la Consejería de Empleo hasta 2004; y al órgano gestor de la Consejería de Innovación a partir de 2005.

Otra documentación requerida a la Junta es la acreditativa de la entrada en la Consejerría de Economía de los documentos referidos a los papeles anteriormente nombrados; los escritos por los que el Consejero de Economía remitió el ateproyecto de Presupuesto para el periodo 2000-2012 y la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluza en los que se decidió remitir el Proyecto de Presupuestos al Parlamento en el mismo periodo.

EUROPA PRESS