Una asociación formada por cientos de jueces afganos ha pedido este domingo al movimiento talibán que les permitan desempeñar de nuevo su trabajo, desocupados como están desde hace más de seis meses, cuando los fundamentalistas culminaron su conquista del país con la toma de la capital, Kabul, el 15 de agosto.

Estos antiguos jueces son conscientes de que durante dos décadas han condenado a los talibán y a miembros de Estado Islámico junto a secuestradores, traficantes de drogas y otros criminales, pero la devastadora crisis económica que atraviesa el país les ha llevado a pedir en público su reincorporación.

Los talibán han sustituido el sistema judicial del país por un conjunto de tribunales islámicos que aplican la Sharia, o ley islámica.

En una rueda de prensa, los representantes de esta asociación de jueces han pedido también que, en el caso de no ser readmitidos, puedan recibir al menos una paga por desempleo.

«El poder judicial y sus 2.500 jueces está listo para servir a su gente», ha declarado el exmagistrado Abdul Qayum Hamim, en comentarios recogidos por la cadena Tolo News.

Uno de los magistrados, bajo condición de anonimato, ha explicado a DPA que los talibán les ofrecieron la posibilidad de celebrar esta rueda siempre y cuando no se quejaran del movimiento.

«Pero ahora mismo no podemos ni salir de casa, porque hay 50.000 criminales que han salido en libertad», ha apostillado, en relación a la liberación de decenas de miles de prisioneros talibán por sus propios camaradas conforme iban apoderándose del país.

Este mismo magistrado ha denunciado que, desde la conquista talibán, «varios jueces han sido asesinados» en todo el país sin que los medios nacionales se hayan hecho eco de ello.

Por contra, los líderes talibán han denunciado a los jueces afganos por corruptos y colaboradores de la invasión internacional del país.

El portavoz talibán Abdul Bashir Mashal se ha limitado a informar de que la Corte Suprema talibán ha iniciado un proceso de investigación de los antecedentes de los magistrados, que en ningún caso podrán recuperar su empleo si se les descubre indicios de corrupción.