La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 127,8 millones de euros a 8 empresas dedicadas a la seguridad, señalización y comunicaciones de la red ferroviaria española por repartirse de forma fraudulenta hasta 82 licitaciones del Ministerio de Fomento y de Adif entre 2002 y 2017.

Las empresas con mayores sanciones son Cobra, una división de ACS, que ha recibido una sanción de 30 millones de euros; la alemana Siemens, con 28,9 millones; la finlandesa Nokia, cuya multa asciende a 24 millones de euros, y Alstom, compañía francesa que ha sido sancionada con 22 millones de euros.

Aunque solo estas tres compañías ya concentran el 82% de la multa, otras tres empresas tendrán que afrontar el pago de 17 millones de euros en el caso de Thales, de 3,7 millones en el caso de Bombardier, y de 1,7 millones en el caso de CAF Signalling.

Asimismo, 10 directivos han sido sancionados con 483.000 euros por su responsabilidad en los hechos. No obstante, a uno de ellos se le aplicará una reducción del 50% en la multa por la información aportada durante el proceso de investigación.

Además, también se le ha aplicado a Siemens el programa de clemencia. La firma alemana, que ha recibido una sanción en su matriz y otra en su división Rail Automation, minorará ambas multas al 50%, quedándose el importe total en 14,4 millones de euros.

La CNMC explica en su resolución que estas empresas crearon un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional.

Competencia asegura que las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas.

ORIGEN

El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados (en los acuerdos iniciales se fijó en un 50-50%, que después se ajustó al 55-45%), y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos.

De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50%, y se garantizaron también los contratos de mantenimiento (y sus correspondientes renovaciones). A partir de 2003, se sumaron otras empresas al cartel: Siemens, en 2003; NSN (actual Nokia), en 2007; y Cobra, en 2008.

La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favoreció la presentación de ofertas con precios más competitivos.

Sin embargo, en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, la CNMC explica que las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel. En el caso de Alstom y Bombardier, a partir de 2014, y en el de CAF Signalling, a partir de 2015.

Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué UTE (Unión Temporal de Empresas) –participada por las empresas del cártel– optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento.

Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan el uso de la UTE «como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante», según señala el regulador.

EFECTOS DEL CÁRTEL

La CNMC asegura que se trata de un cártel «muy dañino», que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones. Durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros.

En algunos casos, la ejecución de los contratos adjudicados se mantiene hasta los años 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van más allá de la duración de propio cártel. Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF), ha supuesto una merma económica para la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para contribuyentes.

ANTECEDENTES

En el año 2019, la CNMC sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos.

La información recabada durante la instrucción de ese expediente, especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas, alertó a la CNMC sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones de la red de alta velocidad y convencional.

En consecuencia, la CNMC activó nuevas investigaciones e inspeccionó la sede de Thales en mayo de 2017. Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada por Siemens en junio 2017, ordenó inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y CAF en diciembre de ese mismo año.