COAG presenta denuncias contra grandes industrias lácteas por imcumplir la Ley de Cadena Alimentaria

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a cinco grandes empresas lácteas por diversos incumplimientos de la Ley de Cadena Alimentaria, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha denunciado que en los contratos presentados se obliga a los ganaderos a reconocer unos precios por debajo de costes bajo amenaza de no recogida de leche, a la vez que se introducen cláusulas que incumplen los plazos máximos de pago.

Además, ha advertido de que hay empresas que están incluyendo cláusulas de confidencialidad en sus contratos para evitar que los ganaderos acudan a organizaciones agrarias para denunciar.

“Las leyes están para cumplirlas y no se pueden tolerar prácticas comerciales ilegales y abusivas que atentan de forma reiterada contra los ganaderos. Si se sigue exprimiendo así al productor nos vamos a quedar sin granjas familiares”, ha subrayado el responsable de Mercados Agrarios de COAG, Andoni García.

García ha recordado que en el último año, 733 ganaderos se han visto obligados a echar el cierre. “Hoy quedan apenas 12.500 ganaderos lácteos. La AICA tiene que abrir una investigación para evitar nuevos atropellos y garantizar un precio justo para los ganaderos que les permita vivir dignamente”, ha indicado.

La organización agraria ha explicado que la ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad establece que “los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días”.

En los ejemplos de contratos denunciados, varias industrias lácteas especifican que se agruparán las facturas de todas las entregas de leche realizadas en el periodo de un mes “X” y se abonarán por parte de la empresa, antes del día 30 del mes “X + 1”.

De esta forma, se produce un incumplimiento de la ley de morosidad en cuanto a los aplazamientos de pago, que se puede sancionar a través de la Ley de Cadena Alimentaria.

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