El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, considera que la clave para que haya o no un delito en la «herencia» familiar que Jordi Pujol ha reconocido haber tenido 30 años en el extranjero está en el origen de los fondos y en si se ha regularizado o no todo el dinero.
Según Cruzado, si se trata sólo de los cuatro millones cuya regularización anunció Pujol en julio, en este asunto se «ha evitado el delito fiscal», ha explicado a Europa Press.
A su juicio, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no descarta que se hayan cometido «uno o varios delitos» se refiere a que, si se llegan a demostrar las informaciones aparecidas en la prensa sobre otras cuentas en el extranjero y otras operaciones de la familia, podría haber hasta siete u ocho delitos.
De hecho, ha recordado que Manos Limpias se ha querellado contra Jordi Pujol por siete delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad, blanqueo de capitales y prevaricación.
Sobre la «herencia» declarada por el expresidente catalán, ha explicado que, al haber sido regularizada de forma voluntaria –mediante declaraciones complementarias–, no hay delito fiscal, siempre que se pague la cuota impositiva pendiente y la declaración sea completa y veraz. En caso contrario, no tendría ningún valor, ha precisado.
También por ser una regularización voluntaria, ha afirmado que tanto Gestha como otros expertos tienen «dudas» sobre si la Agencia Tributaria puede o no imponer una sanción por este dinero. En su opinión, Hacienda sancionará a los Pujol –con un importe que asciende al 150 por ciento de la cuota de impuestos evadida– pero sus abogados recurrirán y al final serán los tribunales quienes decidan.
A favor de estas «dudas» juega el hecho de que la sanción puede ser mucho menor cuando Hacienda denuncia delito fiscal ante los tribunales, porque un imputado por delito fiscal puede ver reducida su sanción y pagar sólo un 25 por ciento de la cuota si lo hace en un plazo de dos meses desde su imputación.
