Los eurodiputados han aprobado un proyecto de ley que introduce penas de al menos cuatro años de prisión para delitos graves, tales como la manipulación del tipo de interés interbancario Libor. Estas normas pretenden restaurar la confianza en los mercados financieros de la UE y mejorar la protección de los inversores. El texto legislativo ya ha sido acordado informalmente con los Estados miembros y estos tendrán un plazo de 2 años para transponerlo.
«El voto de hoy supone un gran paso adelante para que los tribunales de la UE detengan los abusos de mercado. Ésta es la primera ley que introduce condenas severas a escala europea por abuso de mercado, con sentencias mínimas de prisión de cuatro años para ofensas graves, como el uso de información privilegiada y la manipulación de mercado. El escándalo del Libor puede que no sea el último. Las sospechas sobre la manipulación de mercado surgen ahora en sectores como el petróleo, el gas y los mercados de divisas extranjeros», ha afirmado la ponente de la comisión de Asuntos Económicos, la laborista británica Arlene McCarthy.
Las nuevas normas han sido adoptadas por 618 votos a favor, 20 en contra y 43 abstenciones.
El texto establece condenas criminales más severas, incluso penas de prisión, contra manipulaciones graves de mercado como la revelación o el uso de información privilegiada, así como la incitación a estos delitos y la complicidad.
Todos los Estados miembros deberán exigir a los jueces que impongan penas de al menos cuatro años de prisión para los casos más graves de uso de información privilegiada o manipulación de mercado y de al menos dos años por revelación indebida de información.
Las nuevas normas también armonizarán las definiciones de delitos y penas aplicables. En este sentido, los delitos de manipulación de mercado castigados con cuatro años de prisión incluirán la ejecución de una transacción y la formulación de una orden de negociación que transmita señales falsas o engañosas sobre una oferta, una demanda o el precio de un instrumento financiero, así como la transmisión de información falsa o engañosa que represente una manipulación intencionada del cálculo de un índice de referencia interbancaria como el Libor o el Euribor.
Por su parte, los delitos de uso de información privilegiada castigables con penas de cuatro años de prisión incluirán aquellos casos en los que los datos se usen para comprar o vender instrumentos financieros o cancelar o modificar una orden.
Los Estados miembros tendrán la libertad de fijar penas criminales todavía más severas que las desplegadas por estas normas.