El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado expediente sancionador a grandes operadores de comercio electrónico por presuntas rebajas engañosas durante el ‘Black Friday’ (‘viernes negro’ en español), un periodo de significativas rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes para incentivar compras.

Según ha informado este lunes el departamento que lidera Pablo Bustinduy, estos operadores habrían subido el precio de varios productos antes del ‘Black Friday’ para después rebajarlos a su precio original.

En concreto, en la investigación, Consumo ha detectado que, entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023, un operador ofertaba un televisor por 526,99 euros y el 21 de noviembre, el operador subió el precio del televisor hasta los 629,99 euros. Coincidiendo con el ‘Black Friday’, entre el 22 y el 28 de noviembre volvió a bajar el precio del televisor de nuevo a los 526,99 euros.

«De esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 103 euros, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos», ha manifestado, para después recordar que el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establece que «siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder llevar a cabo una correcta comparación».

En este caso, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha añadido que la ley también indica que «el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes».

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha recabado información de este tipo de prácticas durante una investigación previa que puso en marcha por considerar que «existían indicios de que dichas operadoras estarían llevando a cabo estas prácticas en sus ventas online».

Estas prácticas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

La investigación ha sido realizada por los servicios técnicos de la Dirección General de Consumo, adscritos a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, y comenzó en el mes de octubre de 2023 cuando se procedió a la monitorización diaria de un total de 1.140 productos coincidiendo con el ‘Black Friday’. Esta monitorización se llevó a cabo mediante la herramienta ‘Price Reduction Tool’ de la Comisión Europea.

A dos de estos grandes operadores ya se les ha abierto expediente sancionador, mientras continúa abierta la investigación al resto de empresas que habrían incurrido en esta práctica. Los operadores investigados comercializan con una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética) que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies.

La iniciación de estos expedientes sancionadores no prejuzga el resultado final de la investigación. Ahora se abre un periodo máximo de nueve meses para la instrucción de los mismos y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.