La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este viernes de que la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española del Empleo, como anunció la semana pasada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no resolverá los problemas del organismo, ya que lo que necesita es un aumento de la inversión en plantilla y en innovación tecnológica.
CSIF también ha expresado a través de un comunicado su rechazo a este cambio, que se producirá «sin contar con los representantes de los empleados públicos», y ha exigido «una reunión urgente» ante la falta de información sobre esa propuesta, recogida dentro del anteproyecto de la Ley de Empleo.
Para que el paso del SEPE a Agencia Española del Empleo sea efectivo, el sindicato demanda «un incremento sustancial de su plantilla», que se encuentra en una «situación límite», por la carga de trabajo durante la pandemia, la temporalidad en las contrataciones, el aumento de las jubilaciones o la elevada edad media de los trabajadores.
Los datos expuestos por CSIF sostienen que en la última década se han perdido 3.500 efectivos estructurales perdidos en estos últimos diez años. A eso se suma que el cese de otros 1.500 funcionarios interinos incorporados a consecuencia de la pandemia.
También señalan que para la modernización de este servicio se necesita «desarrollo e implantación de innovación tecnológica», en particular en las gestiones de las prestaciones por desempleo.
«Precisamos soluciones inmediatas a la gravísima carencia de efectivos, e implementar recursos tecnológicos que permitan una mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo», insisten desde el sindicato.
El anteproyecto presentado la semana pasada tras el Consejo de Ministros pone en alerta a CSIF, ya que, según su opinión, «pretende hacer entender al conjunto de la ciudadanía que todo lo relacionado con el empleo y la formación de los desempleados también es gestionado por el SEPE, cuando el conjunto de aspectos correspondientes a esta materia son una competencia transferida a las comunidades autónomas».
Además, el sindicato recuerda que debe existir una «sinergia entre las políticas activas y la protección por desempleo», por lo que, de nuevo, vuelven a recalcar la urgencia en la dotación de recursos humanos y económicos.
«Desde CSIF constatamos que la gestión de las prestaciones por desempleo no es ni prioritaria ni importante para los máximos responsables de este organismo, a pesar de que este tramita de media cada año alrededor de 30.000 millones de euros, puesto que no se le dota de los medios mínimos, ni humanos ni materiales», subraya el sindicato en su comunicado.