Bankia ha recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo el método fijado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de abril para calcular la responsabilidad patrimonial del Estado por las autopistas quebradas.

Su recurso, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se une a otros presentados con anterioridad por inversiones como Titulización de Activos y Kommunalkredit Austria AG, que compraron a la banca la mayoría de la deuda que soportaban las autopistas.

Con la metodología fijada el Gobierno establece en un máximo de 3.305 millones de euros la compensación por responsabilidad patrimonial de la Administración frente a los 4.500 millones que pedían los acreedores de las concesionarias quebradas.

El sistema sería de aplicación a las autopistas R-3, R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7; de Circunvalación de Alicante; la AP-7 (Cartagena-Vera), AP-7 Autopista AP-36 (Ocaña-La Roda) y Madrid-Toledo (AP-41).

El cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración es parte del proceso de liquidación de los contratos concesionales, una vez resueltos, por producirse el concurso de acreedores de las sociedades concesionarias.

Dicho sistema incluiría la valoración de las obras de construcción y bienes inmuebles afectos a la explotación de las autopistas, la expropiación de los terrenos y el cálculo de los intereses de demora y la fecha desde cuándo serán de aplicación.