Los costes financieros de la morosidad suponen a las empresas 1.550 millones de euros

Cuatro de cada diez pequeñas empresas (el 44 por ciento) cobra sus facturas en plazos superiores a los 60 días establecidos por la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. De éstas el 11 por ciento tiene más del 10 por ciento de su cifra de ventas en situación de mora y, lo que es aún más grave, el 13,5 por ciento cuentan con un 5 por ciento de esa cifra de ventas en situación de impago. Además, según se extrae del Boletín de morosidad empresarial de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresas) correspondiente al primer trimestre de 2015, las facturas denunciadas en el bureau de crédito acumulaban de media hasta mayo más de 1.050 días de retraso, es decir, el equivalente a tres años de impago.

Una mordida de liquidez a la que se suman unos costes financieros de 1.550 millones de euros que el 47 por ciento de las pymes afrontan a pleno pulmón, o lo que es lo mismo, tirando de recursos propios. Las consecuencias van más allá de lo puramente económico y es que una de cada tres pequeñas empresas se ven obligadas a echar el cierre directa o indirectamente por culpa de la morosidad. Cifra que, según datos de la Comisión Europea, se reduciría un 7,5 por ciento de cumplirse los plazos de pago legales.

A pesar de ello, los indicadores de morosidad mejoran durante los tres primeros meses del año y el ISME (Indicador Sintético de Morosidad Empresarial) ha caído hasta los 91,5 puntos, dos décimas por encima del mínimo histórico que se registró entre abril y junio de 2013. Durante los tres primeros meses del año el plazo medio de pago se reduce hasta los 79,5 días frente a los 81,5 días que se registraron a cierre de 2014, y el porcentaje de crédito comercial en mora se ha reducido del 70,8 por ciento del último boletín hasta situarse por debajo del 69 por ciento del total de facturas pendientes de pago.

Las microempresas pagan mejor

Con respecto a quiénes son mejores pagadores según su tamaño, las microempresas (de 1 a 9 empleados) vuelven a ser las que más responsables, con 73,4 días de media y mejorando un día con respecto al último boletín. Le siguen, por este orden, las pequeñas empresas (10 a 49 empleados) y las medianas (50 a 249 empleados) que aunque mejoran sus plazos casi en 2 días con respecto al diciembre de 2014, continúan pagando en 80,3 y 82,3 días de media.

En el análisis sectorial también se percibe un leve avance en el agregado. El agroalimentario es el sector que más ha reducido su periodo medio de cobro (4,8 días menos) hasta los 64,8 días colocándose por delante del sector químico con 67,8 días de media en plazos de pago. En la parte contraria de la tabla el sector textil no sólo vuelve a marcar los mayores plazos (94,7 días) sino que aumentan en más de dos. Llama también la atención las malas expectativas de los sectores de industria y construcción para el primer semestre, que apuntan a un incremento de la morosidad  de 17,7  y 18,6 puntos respectivamente.

Cultura de morosidad

El informe se presentaba esta mañana durante la jornada «El retraso en los pagos de las operaciones comerciales: situación y perspectivas en el ámbito público y privado», organizada por la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En líneas generales todos los ponentes han destacado la necesidad de erradicar la «cultura de morosidad» que se ha enraizado en España y que se ha empleado por muchas empresas para financiarse a coste cero.

Incluso Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha empleado ese mismo término para referirse a un «cáncer que merma la confianza, la credibilidad y la competitividad de las empresas españolas». Beteta ha manifestado la intención del Gobierno de continuar avanzando en las medidas que se han ido poniendo en marcha para solucionar una «lucha de todos y para todos», en este sentido ha apuntado que es menester dotar a las leyes de herramientas que incentiven el cumplimiento de los periodos legales de pago.

En esta misma línea se ha expresado el vicepresidente de Cepyme, Ángel Nicolás, que apuesta por medidas «adicionales y consensuadas que acaben con los agujeros negros de los que se aprovechan los deudores profesionales» urgiendo al Ejecutivo al desarrollo de un régimen sancionador que complete la legislación vigente en materia de morosidad empresarial. El vicepresidente de Cepyme, que ha participado esta tarde en el programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio, ha explicado que además «se deben incentivar códigos de buenas prácticas que fomenten la responsabilidad y refuercen el control en el ámbito de la gestión empresarial», asimismo «se debe diferenciar entre la deuda obligada de la que se quiere financiar».

Cinco medidas para luchar contra la morosidad

Al rey lo que es del rey, y lo cierto es que desde el principio de la legislatura el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto en marcha un conjunto de medidas que han favorecido la reducción de los índices de morosidad. El Plan de Pago a Proveedores (PPP) tenía como «único objetivo pagar facturas en una situación absolutamente injustificada», explicaba con contundencia Beteta. Los 41.800 millones de inyección de liquidez a las Administraciones han permitido que se puedan abonar más de 8 millones de facturas a más de 200.000 proveedores -el 43 por ciento pymes-, salvándose, además 100.000 puestos de trabajo.

Por otra parte de los 62.000 millones de euros del FLA (Fondo de Liquidez Autónomica), 25.000 se destinaron a pagar a proveedores, entre otras cosas porque «pagar es un elemento esencial para conseguir mantener el estado de bienestar», ha explicado el secretario de Estado.

La tercera de las medias ha sido la puesta en vigor a finales de julio de 2013 de la factura electrónica. Desde entonces 2,7 millones de facturas se han presentado a través de esta vía y son 7.571 (casi el 100 por cien) las entes locales adheridas al sistema.

A las tres anteriores se añade la Ley Orgánica de control de la deuda comercial ha permitido que entre enero de 2012 el saldo comercial se haya reducido en un 69,5 por ciento.

El último paso del Gobierno para erradicar la morosidad se recoge en la nueva Ley de Contratación Pública aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de abril, que exige a las empresas detallar sus periodos medios de pago a proveedores, convirtiéndolo en criterio determinante para las adjudicaciones de los contratos.