Dependiendo de la comunidad autónoma, la diferencia en las retenciones oscila entre los 177 y los 24.000 euros anuales
“Los impuestos tienen que ser inteligentes”, con esta frase el presidente de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), se quejaba de la ineficiencia y desigualdades de los impuestos establecidos por la fiscalidad española.
Poniendo el ejemplo de Astrid Lindgren, autora de Pipi Calzaslargas, que tuvo que emigrar de su país, Suecia, porque “llegó a pagar más de impuestos que los ingresos que obtenía”, Rosell pedía al Gobierno unos impuestos “adecuados porque crean civilización, riqueza y empleo, mientras que los exagerados destruyen, desincentivan, asustan y paralizan”.
No le falta razón. Las declaraciones las hacía bajo el marco de la presentación del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2016, elaborado por el Consejo de Economistas y Asesores Fiscales REAF – REGAF, que pone de manifiesto las desigualdades en lo que nos retienen las Haciendas autonómicas. Sin incluir a las comunidades forales de Navarra y el País Vasco, que cuentan con tipos de hasta el 52 y 49 por ciento respectivamente, la diferencia oscila entre los 177 euros en las rentas más bajas y los 24.000 euros en las más altas.
Cataluña es la autonomía en la que pagan por trabajar las rentas bajas. A aquellos que ganan menos de 17.707 euros al año el departamento que lidera el independentista Oriol Junqueras les retiene un 2,5 más por el llamado tramo autonómico, o lo que es lo mismo, tienen que pagar un 12 por ciento de IRPF. Los dos tramos siguientes, entre 17.707 y 33.007 euros, el total retenido es del 14 y 18,50 por ciento (2 y 3,5 puntos por encima de lo que va a parar a las arcas del fisco).
En el caso de las rentas medias, la palma se la lleva Extremadura, que cuenta nada más y nada menos que con 9 tramos en la escala de retenciones autonómicas. Los pacenses y norbienses, cuyas rentas se encuentran en la franja de entre los 35.200 y 120.200 euros anuales, contribuyen entre un 20,50 y un 24,50 por ciento, es decir, duplican y superan los dos tramos estatales establecidos para trabajadores en esta franja de ingresos (18,50 y 22,50 por ciento).
Si es usted de los afortunados que gana entre más de 90.000 euros cada 365 días la recomendación es que no se vaya a vivir a Cantabria ya que es en esta Comunidad en la que pagaría el impuesto más alto. Concretamente un 25,50 por ciento (3 puntos más que el tramo estatal).
En la parte contraria de la tabla y para todos los niveles de renta, Madrid es la que mejor trata a los contribuyentes. Los cinco tramos de la escala oscilan entre el 9,50 y el 21 por ciento.
Pongamos varios ejemplos, un trabajador soltero menor de 65 años y sin hijos que gane 16.000 euros al año y que viva en Barcelona, pagará por IRPF 1.611,66 euros, mientras que a uno de Madrid en las mismas circunstancias lo hará por 1.439,89 euros. En el caso de un extremeño que gane 45.000 euros las rentas del trabajo le supondrá 9.923,42 euros frente a los 9.336,25 de un madrileño. Por último, los cántabros que tengan rentas procedentes del trabajo de 400.000 euros anuales tributarán por 177.636,90 euros frente a los 162.561.58 euros del que resida en la capital de España.
¡Dichosa herencia!
No resulta extraño hoy en día que en torno al 10 por ciento de los contribuyentes que perciben una herencia renuncien a ella. Y es que las haciendas locales también se llevan un pico, y casi hasta la pala.
El informe del REAF – REGAF pone también de manifiesto la desigualdad autonómica a la hora de pasar por caja. Así un soltero de 30 años que hereda bienes por valor de 800.000 euros, entre los que se encuentra una vivienda de 200.000 euros en Andalucía –donde más se paga- tendrá que abonar una cuota líquida de 164.049,35 euros, lo que significa una diferencia de 163.915 euros con respecto a las Islas Canarias –donde menos se paga-.
En este caso Madrid se situaría como la tercera comunidad que menos contribuye post-mortis (1.586,04 euros) mientras que Cataluña se encontraría en la mitad de la tabla (9.796,89 euros).
En vistas de todas estas diferencias los economistas del REAF – REGAF, en palabras de Valentí Pich, Presidente del Consejo General de Economistas, “suplicamos que se modifique el marco fiscal a partir de la constitución de una Comisión de Expertos de las diversas regiones” con el objetivo de desarrollar nuevos modelos de financiación y comprobar si las medidas que se están tomando en las distintas regiones “realmente sirven para recaudar o son postureos políticos”.
