El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado este martes en el Congreso sus ‘recetas’ para reforzar la independencia del supervisor y de otros organismos reguladores y, en concreto, ha defendido elevar de los seis años actuales a ocho el mandato del cargo que él ocupa, extender la imposibilidad de renovación también a los consejeros del banco y dar un papel más relevante al Parlamento en su nombramiento.

Hernández de Cos ha sido el primer experto citado por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para recabar ideas sobre cómo reforzar la imparcialidad de los órganos y agencias independientes que funcionan en España, con intención de elaborar un informe de recomendaciones que se elevará al Pleno del Congreso.

El gobernador considera que el esquema jurídico y la experiencia del Banco de España como institución independiente financiera y organizativamente puede constituir un buen punto de referencia en el eventual rediseño de otros supervisores.

A su juicio, el Parlamento debería tener un papel más relevante en el nombramiento de los altos cargos del banco y otros reguladores. Actualmente, corresponde al presidente del Gobierno designar al gobernador previa comparecencia del titular de Economía ante la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la candidatura.

CONCURSOS PÚBLICOS

Hernández de Cos no ha apostado por cambiar la ley para que el gobernador sea elegido por el Congreso, pero sí ha remarcado que el aspirante al cargo (incluso también los candidatos a subgobernador y los consejeros) debería comparecer ante el Congreso, bien antes de su nombramiento para que se evalúe su cumple los requisitos legales, o justo después para su ratificación.

Según ha detallado, éste es un sistema similar al que aplica el Parlamento Europeo en los procesos de elección de los altos cargos de BCE. También ha apuntado que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra selecciona al gobernador y los subgobernadores mediante concurso público.

Aunque se ha centrado en las mejoras para el supervisor, el gobernador es partidario de que se unifiquen los procedimientos para los nombramientos de los organismos independientes y, como premisa general, considera oportuno que todos ellos tengan mandatos superiores a los cuatro años, para desvincularlos de los ciclos electorales, así como que se «persevere» en la imposibilidad de renovación.

En este punto, se ha preguntado qué sentido tiene que el gobernador del Banco de España tenga un mandato de seis años no renovable mientras que el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es de cuatro años y con la posibilidad de repetir.

En el caso concreto del supervisor, Hernández de Cos ha pedido elevar a ocho los años de mandato de sus altos cargos y extender a los consejeros la imposibilidad de renovar (ahora pueden optar a un segundo mandato) que ya rige para el gobernador y el subgobernador.

Desde su punto de vista, ampliar el mandato además de para acumular experiencia serviría para aumentar la capacidad de influencia en foros internacionales, mientras que, al prohibir las renovaciones, se rebajarían las eventuales tentaciones de los consejeros de aproximarse a quienes deciden acerca de su posible reelección.

TRANSPARENCIA

El gobernador mantiene que la independencia de los organismos independientes debe venir acompañada de unos estándares muy elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento, como elementos imprescindibles para otorgarles legitimidad.

Así, además de proponer, que el gobernador comparezca más ante el Congreso, apuesta por la elaboración de códigos éticos de obligado cumplimiento para los altos cargos de estos órganos que garanticen su independencia del sector público y privado y eviten posibles conflictos de interés.

Hernández de Cos también ha introducido el concepto de ‘buen gobierno’ en el funcionamiento de estos organismos independientes de modo que tengan siempre presente no sólo los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o diligencia, sino también la aplicación de procedimientos y de decisiones colegiadas que garanticen la búsqueda del interés público como principal línea de actuación institucional.

MAYOR AUTONOMÍA PARA LA AIReF

También ha comparecido ante la Comisión de Calidad Democrática la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero quien se ha limitado a hacer propuestas para fortalecer la autonomía funcional de la institución, el acceso a la información y su función evaluadora de las políticas públicas.

Herrero ha destacado que la AIReF cuenta con una dirección
unipersonal a la que se le exige el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y que cuenta con financiación propia. Pero, a su juicio, hay aspectos de la gestión presupuestaria y de recursos humanos que cabe mejorar.

En concreto, Herrero considera que la AIReF debería tener mayor capacidad y flexibilidad en la distribución de sus recursos sin tener que pedir tantas autorizaciones del Ministerio de Hacienda.

Tras recordar que la institución no cuenta con capacidad autónoma de su política de personal, ha reclamado una mayor salvaguarda de su independencia institucional y autonomía funcional y que se mejore el acceso a la información, tanto en su contenido como en los plazos de acceso.

Además, ha aprovechado su comparecencia para volver a insistir en la conveniencia de reforzar las competencias de la AIReF en materia de evaluación de políticas públicas, por las claras sinergias entre
supervisión fiscal y evaluación, incidiendo en que esta es una de las recomendaciones aprobadas el pasado mes de julio por la
Comisión de Reconstrucción del Congreso.

Para ello, según ha explicado, sería necesario modificar el Estatuto Orgánico de la AIReF dotándola de una estructura organizativa estable y de capacidad de iniciativa en la evaluación. Herrero ha recordado que están pendientes de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre esta cuestión.