En un encuentro sobre libertad educativa organizado por Servimedia, Ossorio aseguró que esta norma “ataca un derecho recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución y reconocido como tal por el Tribunal Constitucional”, que se refiere a la libertad que tienen todos los padres a elegir la educación que quieren darle a sus hijos, y agregó que, de llegar a sustanciarse este punto, “estudiarían la posibilidad de recurrir la nueva norma ante el Tribunal Constitucional”.

“No somos partidarios de judicializar la actividad política”, prosiguió, pero “habría que analizar hasta qué punto puede suponer una vulneración de un derecho”.

Según explicó, el Ejecutivo pretende acabar con “el concepto de demanda social”, que obliga a las administraciones a atender las preferencias de escolarización expresadas por las familias. A su juicio, todo ello “obedece a esta obsesión del Gobierno del PSOE y Podemos de atacar las instituciones que gozan de un gran consenso y que se ha demostrado que funcionan, como la Justicia o la monarquía”.

Por otro lado, Ossorio lamentó “las prisas” en la tramitación de la ley y criticó que no se permitan comparecencias de expertos en la Comisión de Educación antes de la votación de enmiendas. “Pretenden despachar 1.000 enmiendas en cinco sesiones”, lo que “demuestra las prisas que tienen” por reformar la educación, “igual» que lo que pretenden hacer con el Consejo General del Poder Judicial.

EL EJEMPLO MADRILEÑO

De hecho, Ossorio opinó que parte del “éxito educativo de Madrid” se debe a la apuesta de la Comunidad por “el respeto a la libertad de las familias “. “Estamos orgullosos” de que casi el 94% de las primeras opciones han sido respetadas y vinculó la menor tasa de abandono escolar en la región -de un 11% frente al 17,5%- a que cuando “los alumnos están en el centro que ellos y sus padres prefieren, su rendimiento es mucho mejor”.

“En Madrid no creemos que haya una red subsidiaria de otra y prestamos igual atención al 56% de los estudiantes en la red pública, al 29% de la concertada y al 15% de la privada”, afirmó Ossorio. Además, el consejero criticó la supresión de la evaluación final de primaria que la nueva norma plantea, por considerar que va en detrimento del esfuerzo y del mérito.

Por su parte, Juan Chávarri lamentó que la nueva norma adolece de “una gran falta de consenso y de acuerdo” y pidió “más diálogo y escuchar a las partes interesadas”. “No atiende las necesidades reales de la comunidad educativa”, declaró.

Los dos tildaron de contraproducente la flexibilidad en el número de suspensos con que se puede pasar de curso recogida en el real decreto de medidas urgentes para el presente curso educativo aprobado hace cuatro días.

«MÁS AUTONOMÍA»

En el encuentro participó también el presidente del Consejo de Directores de Colegios de Madrid, Óscar Martín, quien defendió la utilidad de que cada centro ofrezca “su propio proyecto educativo” y pidió “más autonomía” para los centros públicos. “Sería muy conveniente abrir un debate sobre la posibilidad de que decidiésemos sobre la contratación de profesores o sobre la organización de recursos», valoró. “En la actualidad, tenemos cierta autonomía, pero es muy limitada”, recalcó Martínez.

En su opinión, “sería muy interesante que dispusiésemos de más responsabilidad a la hora de gestionar”, para poder ofrecer proyectos educativos más personalizados y adaptados a las necesidades concretas de cada centro.