El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes que bloqueará todos los activos a su alcance en el extranjero del Ministerio del Interior de Cuba y de su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por «graves violaciones de los Derechos Humanos» como órgano de control de la Policía y otras fuerzas de seguridad a las que Washington responsabiliza de reprimir la disidencia en la isla, en particular al conocido activista opositor José Daniel Ferrer.
De acuerdo con el texto de las sanciones, Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue sometido a «golpes, torturas y aislamiento» en septiembre de 2019 en una prisión controlada por el Ministerio del Interior cubano, sin recibir atención médica. Álvarez Casas se desempeñaba en ese momento como viceministro del Interior hasta que fue ascendido el 25 de noviembre de 2020.
Las sanciones han sido emitidas en virtud de la Ley Magnitsky, que capacitan a Estados Unidos para congelar los activos de personas o entidades extranjeras que queden bajo su jurisdicción si les percibe como violadores de los Derechos Humanos.
«El régimen cubano tiene una larga historia de abusos contra los Derechos Humanos», según ha denunciado el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin. «Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para abordar la terrible situación de los Derechos Humanos en Cuba y en otras partes del mundo», ha añadido.
Ferrer, uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana, fue liberado en abril del año pasado tras su detención en septiembre de 2019, y ahora mismo se encuentra bajo arresto domiciliario.
Los motivos de la detención no se revelaron hasta dos meses después de su arresto inicial, cuando el diario oficial ‘Granma’ informó de que Ferrer fue arrestado «en respuesta a la denuncia presentada por un ciudadano cubano» que le acusaba a él y a otros tres hombres «de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza».
El juicio contra Ferrer se desarrolló en una única jornada de más de trece horas que transcurrió a puerta cerrada, con la sola presencia de un periodista. Incluso a «diplomáticos que intentaron entrar en la sala» se les negó el acceso y «personas que quisieron asistir fueron detenidas antes», tal y como aseguró en su momento la ONG Cuban Prisoners Defenders.
