Escalofríos. Es la sensación que ha recorrido el cuerpo de todos los presentes al escuchar las cifras que proporcionaba Antoni Cañete, presidente de la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) durante la III Cumbre político – empresarial contra la morosidad. Según el último informe de la Plataforma, 68.000 millones de euros movidos por las grandes empresas circulan en plazos de pago que superan, de media, el triple de lo establecido por Ley (60 días). Ésto significa, además, que el 35 por ciento de los beneficios que obtuvieron la empresas del Ibex 35 durante el ejercicio de 2013 se produjeron por la demora en los pagos a sus proveedores. Traducido a cifras redondas hablamos de 4.000 millones de euros obtenidos a costa del sudor, lágrimas y algún que otro cierre de pymes y autónomos.
La gran lacra de la morosidad se cobra cada año la vida de unas 400.000 pequeñas empresas y autónomos, es decir 1 de cada tres. Por otra parte, a los que les queda algo de músculo y, aunque a trancas y barrancas, levantan el cierre cada día, se ven obligados a soportar unos plazos medios de pago de 188 días en el caso de las que trabajan para las cotizadas y de 84 en el de las que lo hacen para el sector privado en general. Pero se puede poner el grito en un cielo aún más alto si tenemos en cuenta que estás mismas empresas que incumplen reiteradamente con lo que establece la Ley 15/2010 de Morosidad y sus sucesivas modificaciones de 2013 y 2014.
En cuanto a los autónomos, el abuso de las grandes la espada de Damocles de la morosidad es si cabe más afilada. Según han afirmado los representantes de las asociaciones de autónomos, entre los que se encontraban Sebastián Reyna, secretario general de Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) y Celia Ferrero, vicepresidenta de Ata (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), las grandes empresas obligan a los autónomos a pagar en 60 días y sin embargo les ahogan pagándoles a 190 días, algo que ‘para más inri’ se documenta mediante «contratos mercantiles» que son ilegales.
Ante estas cifras desde la Plataforma que preside Cañete se pide tanto al sector público como al privado «tolerancia cero contra la morosidad», un lema que se acompaña de un acuerdo -consentido durante la Cumbre por todos los grupos- y de una exigencia que se puede calificar de histórica, la de un régimen sancionador que complete la normativa vigente. Ante esta petición el ministro de Economía y Hacienda Cristobal Montoro, que ha clausurado el acto, se ha comprometido a presentar «en la próxima Cumbre la normativa completa». Una frase con la que Montoro se refería al desarrollo del régimen sancionador pero dejando la pelota en el tejado de Cañete y su plataforma, «estamos abiertos a cualquier propuesta de desarrollo que nos hagan. Eso sí con un nivel de cautela suficiente que no impida la contratación hacia las pymes por parte de las grandes empresas y en la que los elementos y contenidos se apliquen de forma gradual».
Compromiso electoralista
Lo cierto es que, a priori, al Gobierno no debería suponerle un gran esfuerzo desarrollar el régimen sancionador. En primer lugar porque el pasado año, Convergencia i Unió, presentó ante el Congreso una propuesta -rechazada por el Partido Popular- en la que se perfilaban algunas de las medidas entre las que destacaban las sanciones de hasta 900.000 euros por el incumplimiento de los plazos de pago. En segundo lugar, porque tanto en la Lorcomin (Ley de Ordenación del Comercio Minorista) como en la Ley de la Cadena Alimentaria ya existe un régimen sancionador que «perfectamente» se podría trasponer a la Ley de Morosidad. Por otro lado, el que estemos en un año «supra electoralista», tal y como apuntado Antoni Cañete, debería beneficiar y/o agilizar el consenso y aprobación definitiva en materia sancionadora.
Otra de las cuestiones sobre las que se ha debatido en la jornada de esta mañana ha sido la necesidad de desarrollar y normalizar unos mecanismos de mediación y arbitraje en materia de morosidad similares a los existentes en otros países de la Unión Europea como Francia. Nuestros vecinos cuentan con plazos de pago de 45 días de media y aplican sanciones de 325.000 euros ante los incumplimientos de los periodos de pago.
Sea como sea lo que sí que ha quedado claro es que, en palabras de Montoro, «he tomado nota y me llevo el relato» y que a pesar de que se ha producido una mejora en los plazos de pago todavía «no hemos llegado a la meta».
