La mochila de la morosidad empresarial se convierte en más pesada si atendemos a todos los factores externos que se añaden a la demora en los plazos de pago. Pere Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología y director del Servicio de Estudios de la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad), afirmaba esta mañana durante la III Cumbre político-empresarial contra la morosidad, que «el 83 por ciento de las empresas evita llegar a los tribunales para reclamar operaciones impagadas», un dato que acompañaba con el pavoroso «60 por ciento de aquellas que optan por renunciar a la cantidad adeudada».
La causa principal de que los proveedores renuncien a personarse ante la Justicia son los tiempos de tramitación así como el coste que conllevan. Por ello se deben tomar medidas que agilicen los procesos y contribuyan a reducir la elevada tasa de impagos que sufre nuestro tejido empresarial más débil, el de las pymes y los autónomos. Además de reclamar el desarrollo del reglamento sancionador Brachfield ha propuesto la ejecución de «embargos preventivos» desde el momento en el que se interponga la demanda por incumplimiento de la Ley de Morosidad. Medida que además se completaría con «copiar el modelo del tribunal de comercio francés», que en los casos de morosidad designa como jueces a los propios empresarios.
El director del Servicio de Estudios de la plataforma que preside Antoni Cañete, ha insistido en que la morosidad supone una «pérdida de competitividad, rentabilidad y eficiencia» de las empresas españolas. En el caso de una empresa mediana con un volumen de facturación de 10 millones de euros que cobra a 90 días, ésta deberá asumir un monto de cinco millones de euros de financiación a los que se suman unos intereses de 150.000 euros. En el caso de una empresa francesa, con plazos de pago de 45 días, el coste de financiación se reduce hasta un millón de euros más unos intereses de 100.000 (50.000 menos frente a España).
Cabe destacar que no todo es malo. Durante la Cumbre se ha puesto de relevancia lo positivo de medidas como los dos Planes de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que han inyectado 42.000 y 60.000 millones respectivamente a la Administración para el pago a sus proveedores. A este respecto el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha explicado que «de cada cuatro euros tres han ido a pagar a proveedores de sanidad, educación y servicios sociales».
Además, durante 2014 la morosidad cayó un 28 por ciento, algo que «es natural», afirmaba Marta Martínez, jefa del Departamento de Información de Solunión. No obstante Martínez ha alertado que las perspectivas para 2015 son menos optimistas, y apuntan a un repunte de la morosidad que vuelva a elevar la media hasta los 100 días (16 más que en 2014) en ya que «cuanto mejores son las perspectivas de crecimiento económico más se relajan las empresas en los plazos de pago».
