El abogado de la Infanta Cristina Miquel Roca ha anunciado este lunes que recurrirán la decisión judicial por la cual ella es una de las imputadas del caso Nóos que finalmente irá a juicio, porque el auto «viene a contradecir una doctrina muy establecida y consolidada».
Lo ha dicho en declaraciones a la puerta de su despacho, después de que el juez José Castro haya decidido sentarla en el banquillo, no aplicando así la ‘doctrina Botín’, que impide juzgar a alguien si sólo le acusa quien ejerce la acción popular –en este caso Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel para la hermana del Rey–.
Según Miquel Roca, la resolución judicial contradice una doctrina consolidada, «hasta el punto de que el juez, para fundamentar su acusación, tiene que acogerse a los votos particulares que no resultaron ganadores».
Ha justificado el inminente recurso afirmando que el auto judicial hecho público este mismo lunes no constata es para una resolución de juicio oral simple, «sino que resuelve cuestiones de legitimación sobre si la acusación popular está legitimada para instar un procedimiento y una acusación de esta naturaleza», cuando ni el ministerio fiscal ni la abogacía del Estado sostienen ningún tipo de acusación contra la Infanta, ha dicho. Roca ha añadido que no sabe aún el plazo exacto que tiene la defensa para presentar recurso, pero cree que expirará el 2 de enero.
«NO PEDIMOS TRATO DE FAVOR»
«Sólo pedimos que se aplique la ley y se respete la doctrina jurisprudencial; no pedimos ningún trato de favor», ha aseverado. Al preguntársele si cree que la Infanta debe renunciar a sus derechos dinásticos, se ha limitado a contestar: «No es un tema que haya sido confiado a nuestra defensa».
ESTÁ «ESPECIALMENTE AFECTADA»
Sobre el estado de ánimo de la hermana del Rey, ha afirmado que se encuentra «especialmente afectada» tras recibir con sorpresa la noticia. Preguntado sobre la fianza de 2,6 millones de euros exigida a la Infanta, Roca ha asegurado que no será efectiva en los próximos días porque «no es el momento de tratar estas cuestiones».
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma ha acordado sentarla en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
EUROPA PRESS
