La inminente disolución de las Cortes Generales este próximo martes 24 y la convocatoria de la repetición electoral del 10 de noviembre harán que el Gobierno en funciones dirigido por Pedro Sánchez se prolongue al menos unos meses más, lo que, ante la cercanía de 2020, ha activado el debate sobre la capacidad de un Ejecutivo en funciones para aprobar medidas de calado como las subidas de las pensiones con el IPC, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el salario de los funcionarios.

El Gobierno socialista ha manifestado en las últimas semanas su intención de llevar a cabo estas medidas, suscitando dudas sobre si un Ejecutivo en funciones puede y debe tomar decisiones como éstas que conllevan un fuerte impacto en las cuentas públicas. En este sentido, según han manifestado fuentes gubernamentales a Servimedia, en el Gobierno consideran que tienen capacidad para aprobarlas, amparándose en el artículo 21 de la Ley de Gobierno, que tiene como título ‘Del Gobierno en funciones’.

Dicho artículo, en su punto número tres, establece que “el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

Así, desde el Ejecutivo consideran que medidas como la revalorización de las pensiones y la subida del SMI o del salario de los funcionarios podrían encajar en el concepto de “casos de urgencia” o de “interés general” y que, por tanto, estaría justificado aprobarlos por real decreto. Sin embargo, las mismas fuentes gubernamentales consultadas señalan que en estos momentos no se trabaja con la idea de aprobarlas estando en funciones, al prevér que el resto de formaciones políticas podrían acusar al PSOE de utilizar el Gobierno para tomar medidas electoralistas.

CONTRADICCIONES

En cualquier caso, en los últimos días las declaraciones realizadas por distintos miembros del Gobierno han entrado en contradicción sobre la posibilidad de aprobar estas medidas estando en funciones. Por un lado, el pasado jueves por la noche, Sánchez indicó en una entrevista en laSexta su intención de aprobar antes de final de año la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida del SMI, además de expresar su compromiso de materializar el incremento del salario de los funcionarios que estaba pactado. Sin embargo, los tiempos contemplados para la formación de las nuevas Cámaras parlamentarias y las negociaciones para la formación de Gobierno, dificultan que haya un Ejecutivo a pleno rendimiento antes de finalizar el año.

Además, en el caso de las pensiones, el pasado jueves la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró que para aprobar su revalorización con el IPC “se necesita un Gobierno que no esté en funciones”. Por ello, señaló que, en caso de que su partido consiga formar Gobierno tras el 10 de noviembre, “tendremos que trabajar a finales de año, una vez el Gobierno esté a pleno rendimiento, para intentar plantear que la recuperación de los derechos de los colectivos más vulnerables pueda entrar en vigor en la mayor brevedad posible”.

En caso de que el 1 de enero siguiera sin haber un Ejecutivo a pleno rendimiento con capacidad para aprobar estas medidas, las pensiones se revalorizarán de forma automática tan sólo un 0,25%, el mínimo legal, según establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). En cualquier caso, como ha ocurrido en otras ocasiones, la revalorización con el IPC puede ser aprobada más adelante aplicándola con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Además, a pesar de que la subida de las pensiones depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y la subida del salario de los funcionarios es competencia del de Política Territorial y Función Pública, fuentes de Hacienda indicaron a Servimedia que su departamento trabaja con la idea de acometer ambas medidas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 en caso de que no sean aprobadas antes.

En este caso, una vez investido un presidente y formado el Ejecutivo, se podría activar la tramitación de los Presupuestos, que suele tener una duración de unos tres meses, algo que dependerá también de la correlación de fuerzas parlamentarias que haya tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. A este respecto, la ministra Montero manifestó el jueves su esperanza de que “en febrero o marzo estemos hablando de los Presupuestos de la legislatura”.

FUNCIONARIOS Y SMI

En cuanto al salario de los funcionarios, el pasado miércoles los sindicatos CCOO, UGT y CSIF enviaron al presidente del Gobierno en funciones una carta en la que le exigían que garantice que los empleados públicos tendrán en 2020 la subida salarial pactada.

Preguntado sobre este tema en la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrada ayer, viernes, y a si será posible aprobarla antes de que finalice 2019, el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, se limitó a responder que el Gobierno tiene la voluntad de acometer dicha subida y que “tiene que someterse a la ley”, pero sin especificar si puede hacerse o no estando en funciones.

En concreto, el acuerdo que se cerró en 2018 entre los sindicatos y el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por Cristóbal Montoro, pactó para 2020 una subida fija del 2% y hasta un 1% adicional en función de la tasa de crecimiento económico.

En lo que respecta a la subida del SMI, fuentes gubernamentales explicaron a Servimedia que en este caso la aprobación mediante real decreto sería menos problemática que en el caso de las pensiones y el salario de los funcionarios, ya que el Salario Mínimo no va vía Presupuestos.

ENTREGAS A CUENTA

Otra cuestión que plantea una contradicción con la posibilidad de acogerse al artículo 21 de la Ley de Gobierno para aprobar medidas que implican un fuerte incremento del gasto es el debate vivido en los últimos meses alrededor de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.

Ante las críticas recibidas por parte de las comunidades autónomas y de diversos partidos de la oposición por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta que el Gobierno debe transferir a las comunidades autónomas, la ministra Montero ha argumentado que, según un informe de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo no puede actualizar dichas entregas estando en funciones. Además, Montero ha recordado que esta es la misma situación vivida en 2016 cuando el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy estuvo en funciones y que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, utilizó el mismo argumento.

De esta forma, se genera la contradicción de por qué el Gobierno ha defendido públicamente en los últimos meses que no puede actualizar las entregas a cuenta estando en funciones, y que, al mismo tiempo, sí considere la posibilidad de aprobar la subida del SMI o las pensiones con el IPC acogiéndose al argumento de que son medidas de “interés general” o de “urgencia”.