España continúa siendo un país de propietarios y la proporción de población que reside en viviendas en alquiler es “reducida” frente a las principales economías de la Unión Europea, pero en los últimos años se está produciendo un auge esencialmente de la mano de “jóvenes, inmigrantes y trabajadores temporales”, cuyos ingresos y condiciones laborales les impiden adquirir su propia casa.

Así lo concluye el Banco de España en un informe divulgado este jueves sobre el mercado del alquiler, donde eleva al 52,4% el colectivo de jóvenes en viviendas arrendadas y al 29,9% en ciudadanos con edades comprendidas entre los 30 y 44 años por motivos especialmente económicos.

“La dificultad de los colectivos con menor renta para incrementar sus ingresos por la aún elevada incidencia del desempleo, la escasa duración de los nuevos contratos laborales o la mayor relevancia de la jornada reducida habrían aumentado la demanda de alquiler residencial, especialmente entre los hogares jóvenes”, alerta la entidad presidida por Pablo Hernández de Cos.

Para su análisis utiliza los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyas cifras revelan que entre los años 2004 y 2018 el porcentaje de jóvenes entre 16 y 29 años en viviendas arrendadas se ha disparado del 39,3 al 52,4%; y sube del 19,3 al 29,9% en el colectivo de 30 a 44 años.

Su recurso apenas ha escalado en paralelo del 9,9 al 14,3% entre los ciudadanos de 45 a 65 años de edad, y desciende, en contraste, del 8,1 al 6,7% en aquellos otros de mayor edad entre los que predomina la vivienda en propiedad.

El fenómeno distingue por nacionalidades y condiciones laborales de forma evidente. No en vano, el recurso a viviendas bajo alquiler ha crecido en el conjunto de los hogares españoles hasta representar la solución habitacional para el 13,1% de las familias frente al “mínimo” del 8,8% contabilizado en el año 2007 en plena burbuja inmobiliaria, pero se dispara al 58,9% entre los extranjeros comunitarios y al 77,3% en aquellos de países distintos a la Unión Europea.

FAMILIAS EN ALQUILER

Cuando se analiza la situación laboral, la proporción de asalariados con contratos indefinidos en alquiler ha subido del 13% al 19,7% entre los ejercicios 2009 y 2018 que comprenden el estallido de la crisis y posterior recuperación, pero escala al 37,3% en trabajadores temporales, al 27,8% en parados y a un 19,2% en autónomos.

Según el estudio, el alquiler se ha convertido para muchos en la única alternativa de acceso a la vivienda ya que “la combinación de bajos ingresos laborales y de riesgo de pérdida de empleo dificultaría a un porcentaje significativo de hogares (especialmente jóvenes) con niveles de renta y patrimonio reducidos el acceso a un préstamo para la adquisición de vivienda”.

Sin embargo, también observa un auge en la búsqueda de viviendas que no son propias en ciudades y provincias más activas precisamente en la generación de puestos de trabajo. Su uso excede la media nacional en cuatro comunidades autónomas: las Islas Baleares, donde el alquiler residencial alcanza al 28,3% de los hogares; en Cataluña (26,3%), Madrid (23,6%) y Canarias (19,5%).

El Banco de España también analiza la evolución de precios tomando de referencia las estadísticas de Idealista ante la ausencia de datos oficiales suficientes para concluir que las rentas han aumentado un 50% desde su mínimo a finales del 2013, con especial concentración en grandes ciudades y zonas turísticas.

MADRID Y BARCELONA

El encarecimiento en Madrid y Barcelona supera el 45% y estaría ya afectando al atractivo de adquirir vivienda para ponerla en alquiler. El hecho de que los alquileres creciesen a ritmos superiores al de la revalorización de los inmuebles hizo interesante dicha opción como instrumento de inversión entre los años 2013 y 2017, y a partir de ahí “la rentabilidad bruta del alquiler se estaría reduciendo en estas ciudades, y alcanza en la actualidad los niveles de 2014”, advierte el estudio.

En esa pérdida de atractivo influye que se ha diluido el incentivo fiscal que favoreció la opción del alquiler cuando se suprimieron las deducciones por compra de vivienda y la “desaceleración” que observa en las rentas o, incluso, “estancamiento” en el caso de Barcelona.

En contrapartida y a escala ya nacional el informe no ve que el aumento de nuevos operadores haya influído de forma decisiva a abaratar los precios ni ve indicios concluyentes de que afecte el alquiler turístico por falta de estadísticas con suficiente detalle para su análisis. La rigidez en la oferta se mantiene pese al auge de sociedades dedicadas al arrendar viviendas como las socimis y que ahora suponen un 25% del mercado de alquiler residencial.