Durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, explicó que lleva tiempo discutiéndose a escala internacional la conveniencia de que la regulación contribuya a acelerar la transición ecológica en el seno de la banca e, incluso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) tiene el mandato de evaluar, antes de 2025, “si estaría justificado este tratamiento prudencial diferenciado para exposiciones consideradas ‘verdes’”.

Al respecto indicó que el Banco de España considera que “la regulación financiera ni puede ni debe liderar este proceso, ni mucho menos sustituir la potencial inacción de otros actores” que cuentan con instrumentos “mucho más adecuados para esos fines”, como podría ser el uso de la fiscalidad.

A preguntas de los diputados, dijo que, frente a la tentación de “crear fricciones” con la regulación, los supervisores están “presionando” a los bancos en España, Europa y el mundo para que “tenga una estructura de control y medición de los riesgos internos adecuados” y dentro de ella incluir, entre los factores, los medioambientales y los de transición ecológica.

“Si la banca identifica, cuantifica y repercute en precio y capital los riesgos climáticos, se convierte en un ‘facilitador’ de la transición, al canalizar la financiación de aquellas actividades que contribuyen más a la transformación sostenible de la economía”, defendió, convencida de que esta gestión tendrá un efecto similar al de la regulación y sin sus riesgos.

“Cualquier factor regulatorio adicional implicaría como mínimo un ‘doble cómputo’ de los riesgos en el capital, lo que introduciría incentivos perversos y reduciría la sensibilidad al riesgo del marco”, afirmó.

A tal efecto indicó que tanto el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) como el propio Banco de España publicarán “en breve” una serie de expectativas relativas a la gestión y medición de estos riesgos.

Según avanzó, la intención a corto y medio plazo es que las entidades “entiendan las implicaciones de este riesgo y sean capaces de identificarlo y medirlo, siempre de modo proporcional a su tamaño y complejidad”.

El supervisor impondrá además que dicha información suba hasta el Consejo de Administración para que evalúe como puede afectar a su modelo de negocio y lo integre dentro de su marco de apetito al riesgo.

A su juicio, con la adecuada gestión de estas exposiciones la banca “pasaría a convertirse en catalizador del cambio de modelo productivo”, haciendo que la financiación y los recursos lleguen hacia los proyectos adecuados, pero sin introducir distorsiones indeseadas en el crédito.

Para empujar esta tarea recordó que el Banco de España, al igual que otros supervisores, está desarrollando su propia metodología para evaluar de una forma prospectiva estos riesgos y eso “se traducirá en unas pruebas de resistencia ante el cambio climático”.

Delgado aseguró que la crisis sanitaria “no debe ni debe ser un freno para que nos centremos en la recuperación” y ahí está persuadida de que la transición ecológica “puede ser una palanca” para transformar la economía y el negocio de las empresas. “Lo veo más como una oportunidad que como un lastre”, abundó.

El proyecto de Ley de cambio climático y transición energética eleva al entorno de 200.000 millones de euros las inversiones necesarias para acometer el proceso en España a lo largo de la próxima década, según recordó. A su juicio, con esta ley y con los recursos que llegarán de Europa se abre “una gran oportunidad para modernizar y transformar nuestra economía hacia un modelo más sostenible”.

Para favorecerlo demandó otras medidas, apuntando que la fiscalidad se puede utilizar para “que la intensidad contaminante de las actividades productivas iguale los costes marginales, reduciendo las emisiones hasta el óptimo social” o favorecer “un cambio tecnológico que reduzca las emisiones más contaminantes”.

No obstante, avisó de que resulta “fundamental la coordinación internacional de todas estas políticas”, ya que algunas decisiones como pueden ser las relativas a impuestos o subvenciones se pueden tomar a diferentes niveles (nacional, regional o local), pero las relativas a aspectos tecnológicos “son mucho más globales” y “siempre existe el riesgo de que determinadas jurisdicciones apliquen estándares medioambientales más laxos que los europeos”. Para evitar distorsiones en el comercio y la economía consideró necesario articular mecanismos de ajuste, negociadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio.