El director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Javier Ponce, ha advertido del riesgo que supone la fuga de ‘startups’ tecnológicas nacionales al extranjero debido a que en España «no hay grandes grupos industriales» que puedan comprarlas en el «momento adecuado».
«Los grandes grupos industriales están en Francia, en Alemania y en otros países. Aquí tenemos grandes empresas reguladas trabajando en mercados regulados y grandes empresas en mercados de gran consumo, como Inditex o Mercadona, pero no tenemos grandes multinacionales que puedan comprar las ‘startups’ tecnológicas españolas en el momento adecuado y por el precio adecuado», ha lamentado.
«Eso está produciendo un desplazamiento de nuestro conocimiento hacia el exterior y eso es peligroso», ha añadido el director general del CDTI en su intervención este jueves en el 37 ‘Encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones’ organizado por Ametic –la patronal de la industria tecnológica española– en Santander.
Según ha explicado, España debería mantener en el territorio durante un periodo de entre 15 y 20 años para que la sociedad en la que surgió la empresa capte «entre el 90% y el 95% del rendimiento» de la tecnología que desarrolle la ‘startup’.
«Si sumáis el esfuerzo público para la formación de los trabajadores, el esfuerzo público en las ayudas que se conceden a las empresas emergentes, más la capitalización inteligente que ahora estamos planteando en los mercados, solo podremos tener una rentabilidad de una tecnología si al menos conseguimos que se desarrolle entre 15 y 20 años en el territorio», ha recalcado.
Ponce también ha hecho hincapié en que España tiene capacidad para generar conocimiento «avanzado y disruptivo» desde el entorno público y ha resaltado que el nivel científico del país está entre los 10 u 11 más altos del mundo.
En este marco de reflexión, también ha subrayado que, a juicio del CDTI, «la mayor rentabilidad se obtiene con el desarrollo experimental e industrial en manos privadas», por lo que, «solo con la colaboración público-privada» se puede ofrecer a la sociedad las «mejoras sociales y la rentabilidad económica que los ciudadanos esperan en una sociedad desarrollada y próspera».
