La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó este lunes con competencia legislativa plena la Ley de Desindexación de la Economía Española, cuyo objetivo es que se dejen de ligar las subidas de precios públicos al IPC.

Tras la aprobación en el Congreso, este texto pasa ahora al Senado, donde volverá a analizarse y continuará así su tramitación parlamentaria.

El Partido Popular llegó a la comisión de este lunes con un total de 41 enmiendas, situación que fue criticada por la oposición al completo, puesto que «es una ley completamente diferente a la que estábamos tramitando».

Además, en la comisión salieron adelante otras 3 enmiendas registradas por UPyD y CiU, con lo que el número total se eleva a 44.

Esta ley prevé la creación de un marco, obligatorio para la Administración e indicativo para el sector privado, que propicie la estabilidad de precios. Quedan fuera de esta norma aspectos como la negociación salarial colectiva (tanto en el sector privado como para el personal laboral del sector público), las pensiones y los contratos relativos a instrumentos financieros.

La regla general para el sector público será que no podrán realizarse indexaciones. Los aumentos de precios deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

En el ámbito privado, las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes y si no hay pacto explícito no se realizará la actualización.

Si el pacto entre las partes no especifica el índice de referencia, se utilizará el índice de actualización propuesto en esta ley, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

INSEGURIDAD JURÍDICA

El diputado de CiU Josep Sánchez-Llibre criticó que «no parece oportuno» aprobar en este momento esta norma «cuando el crecimiento de la economía es bajo y no hay un proceso de inflación galopante».

«No vemos claros los objetivos reales de esta ley», afirmó el diputado de CiU, quien añadió que «nos preocupa por la inseguridad jurídica que puede generar».

Desde el PNV, Pedro Azpiazu reconoció que «la idea es buen» pero que «desgraciadamente esto no es un problema, estamos en un proceso de desinflación». «Siendo una idea buena, el momento no es el adecuado», indicó Azpiazu, tras destacar que las 41 enmiendas presentadas por el PP «rompen del consenso alcanzado».

Por su parte, el diputado de ICV Joan Coscubiela se quejó de que el Partido Popular se presente a esta comisión con 41 enmiendas, que «lo que hacen es darnos la razón cuando presentamos la enmienda de totalidad al texto».

«Es un proyecto innecesario», destacó Coscubiela, tras sentenciar que el texto genera «inseguridad jurídica a las empresas» y se está «sentando un paraíso perfecto para los lobbys y quién sabe si para la corrupción».

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