En concreto, el Congreso dio luz verde al decreto ley con 270 votos favorables, ninguno en contra y 72 abstenciones, mientras que para la tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia todos los votos fueron a favor.

Los partidos justificaron su voto favorable o abstención (en el caso, por ejemplo de Podemos) en el deseo de lanzar una norma que reforzará la protección del inversor y evitar a España la multa a la que se expone por parte de la Unión Europea.

Durante la defensa del real decreto, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño había apelado a la “responsabilidad” parlamentaria para ahorrar dicha multa, mejorar las garantías para los usuarios y dar “seguridad y certidumbre” a las firmas de inversión, evitándoles un perjuicio frente a sus homólogas europeas.

La ley europea tenía que haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español antes del pasado mes de julio y su adopción definitiva se demorará aún hasta final de año ante el compromiso del Ejecutivo de tramitarla como proyecto de ley para permitir a los grupos parlamentarios introducir enmiendas.

La futura regulación busca proteger al inversor aumentando el deber de información a los inversores y ahorradores, y regulando los conflictos de intereses de las firmas de servicios de inversión.

Una de las principales medidas para evitarlos es prohibir el cobro de retrocesiones o incentivos por parte de las comercializadoras de fondos de inversión cuando presten asesoramiento financiero independiente o por gestión de carteras.

La regulación permitirá dichos cargos “solo cuando existan mejoras del servicio prestado que lo justifique y no generando beneficio para firmas sin que exista un beneficio también del cliente”, defendió Calviño.

La ministra detalló que reconocerá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mayores competencias, y establece y fomenta la coordinación y cooperación con organismos supervisores homólogos y la Esma (Agencia Europea de Mercados de Valores).

La futura ley impondrá a las empresas de servicios de inversión de terceros países fijar una sucursal en España si ofrecen sus servicios a ahorradores minoristas en el país.

La norma obligará a estas firmas a crear un registro para conservar las comunicaciones electrónicas y por teléfono con clientes relacionados con sus mandatos de inversión, permitiendo su control y supervisión por parte de la CNMV.

En aras de mejorar la contratación y protección requerirá que el diseño de los productos sea coherente con una adecuada identificación de los clientes potenciales en aras de que la oferta que se les realice se adecuen a su perfil de riesgo y necesidades de inversión.

Para asegurar que no se efectúan comercializaciones erróneas como en el pasado, la ley exigirá que dichos procedimientos tengan que ser aprobados por el consejo de administración de las sociedades para garantizar que la responsabilidad en su formulación queda clara desde las más altas instancias de las firmas.