El Congreso aprueba, sin ningún voto en contra, la nueva Ley Concursal

El Pleno del Congreso ha aprobado sin votos en contra el proyecto de ley de reforma la Ley Concursal, apoyada por el Gobierno y sus socios de investidura, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos se han abstenido.

Finalmente, el texto enviado al Senado ha contado con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Coalición Canaria y Teruel Existe. Por su parte, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, el BNG y Foro Asturias se han abstenido.

Esta reforma va acompañada en el Congreso por una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para descargar los Juzgados de lo Mercantil de las acciones colectivas de consumidores, usuarios y viajeros, que pasarán a los Juzgados de Primera Instancia.

La aprobación de estas dos leyes se produce justamente el último día de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno en marzo de 2020 como una de las medidas del escudo de protección social y económico para salvaguardar la actividad con motivo de la pandemia de Covid-19.

UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL MÁS RESTRINGIDO Y CON MÁS GARANTÍAS

La reforma busca agilizar e incentivar el procedimiento concursal y ofrecer alternativas a la liquidación de empresas, así como una mayor utilización de los instrumentos de segunda oportunidad y armonizar requisitos con el resto de la Unión Europea, al trasponer una directiva comunitaria.

Además de transformar los concursos en un único procedimiento, el de los planes de reestructuración, e introducir la pionera figura de experto en reestructuraciones, se ponen plazos máximos de 12 meses desde la apertura de la primera fase y el cierre de la quinta, cuando la duración actual media está entre los cuatro y cinco años, y un plazo de dos meses para resolver los recursos de apelación ante las Audiencias Provinciales.

Todos los grupos han destacado que el texto resultante mejora con creces el que llegó desde el Consejo de Ministerios, especialmente en materia de segunda oportunidad y en el procedimiento especial para pymes, que por sus características acababa extendiendo un mecanismo pionero y simplificado a la práctica totalidad de las empresas.

Finalmente, este procedimiento ha restringido su umbral a empresas que no alcancen una facturación de 700.000 euros, un pasivo de 350.000 euros o cuenten con menos de diez empleados. Asimismo, se recupera la postulación de procurador y abogado ante las dudas que suscitaba respecto al derecho de defensa y tutela judicial efectiva, y se ha aplazado la entrada en vigor de este mecanismo.

MEJORAS EN LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Respecto a la segunda oportunidad, las exoneraciones previstas en el proyecto de hasta 1.000 euros frente a Hacienda y otros 1.000 euros con la Seguridad Social se elevan hasta 10.000 euros para las personas físicas. Este nivel de exoneración, según estimaciones expuestas en el debate en base a los datos del Consejo General del Poder Judicial, permitirá una exoneración en plenitud a más del 90% de deudores.

También se acaba con la vinculación del crédito público a los planes de reestructuración, de continuación o de apertura de negocio, limitándose la ejecución sobre bienes y derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional y empresarial por deudas con Hacienda y Seguridad Social. En este sentido, la aprobación y homologación de los planes de continuación no requerirán de aprobación siempre que las quitas con la Administración no superen el 15%.

Asimismo, se podrá solicitar el aplazamiento y el fraccionamiento de crédito con Hacienda en período voluntario sin necesidad de garantías hasta 30.000 euros. También se han limitado las excepciones con el fin de que determinados deudores puedan acceder a la exoneración de su pasivo insatisfecho tras haber sido condenados penalmente o sancionados, accediendo incluso a quitas de crédito público.

FALTA DE MEDIOS Y DE AMBICIÓN EN LAS EXONERACIONES

Pese al avance en las exoneraciones con la Administración, PP y Vox han censurado que el Ejecutivo se resistiera a que el crédito público perdiera su condición de privilegio frente al resto de deudas. «La cicatería del Gobierno nos aleja de Europa», ha aseverado el ‘popular’ Luis Santamaría, que al igual que otros diputados ha lamentado la falta de refuerzo a los juzgados para acompañar la reforma.

«Ni un duro más en los medios materiales de los juzgados», ha clamado Edmundo Bal, mientras que Genís Boadella, del PDeCAT, ha apostado por profundizar en la especialización de los juzgados para otros ámbitos como el de la infancia. «Hacen falta más fondos, más medios para dotar a la Justicia como servicio público, real, eficaz, eficiente y de proximidad», ha abundado Carolina Telechea, de ERC.

MEDIACIÓN Y SISTEMAS DE ALERTAS, OTROS ‘DEBES’ DE LA NORMA

Otro de los ‘debes’ de la norma, a juicio de la oposición, es el del sistema de alerta temprana que, como ha dicho Josep Pagès (Junts), «por sus formalidades y rigidez, queda inhabilitado para evitar que las empresas que presentan indicios entren en situaciones de insolvencia».

Telechea, de ERC, también ha advertido de los posibles problemas con la retroactividad que contempla la norma, que afectará a concursos ya iniciados y ha lamentado los pocos avances en materia de mediación y de los trabajos que realizan asociaciones empresariales que ya ejercen esta función con buenos resultados. «Se ha hecho una referencia muy sucinta sobre este tema, pero no ha quedado un desarrollo más exhaustivo», ha dicho.

FACILIDADES PARA EL RESCATE DE EMPRESAS POR TRABAJADORES

En sus últimas votaciones, la norma ha incorporado dos propuestas de Unidas Podemos, pactadas finalmente con el PSOE, para facilitar el rescate de las empresas inmersas en un concurso por parte de sus trabadores, constituidos en una sociedad cooperativa, participada o laboral.

Una para que su oferta sea priorizada en caso de resultar igual a otra alternativa, y otra para permitir la capitalización de sus cotizaciones, esto es, que puedan utilizar como capital la prestación por desempleo que les correspondiere. Dos cambios que, ha celebarado Roberto Uriarte (Podemos) responden a «una forma distinta de entender la empresa mucho más de acuerdo con la Constitución y un Estado democrático de Derecho, que no a un Estado liberal».

Por su parte, Francisco Aranda, del PSOE, ha celebrado que la reforma supone una modernización del procedimiento concursal, al simplificar y agilizar sus trámites, y lo hace tras incorporar demandas recogidas de múltiples sectores, como registradores, notarios, procuradores, abogados, sindicatos, empresas concursales o cámaras de comercio.

«ESTA REFORMA NECESITABA MÁS SOSIEGO»

Durante el debate, los grupos de la oposición han criticado la acelerada tramitación de una norma que llegó al Congreso en enero, sus enmiendas se registraron en marzo, pero se ha despachado ponencia, Comisión y votación en Pleno en poco más de una semana.

«Una reforma de este calado necesitaba más sosiego», ha lamentado Mikel Legarda, del PNV, mientras que Luis Santamaría (PP) ha asegurado que «no se han respetado las formas». «El Gobierno las ha descuidado, si no despreciado, sin ningún rubor», ha dicho.

«En la Comisión de Justicia se aprobó en dos días una ley que contiene 607 enmiendas y supone más de 200 reformas legislativas. Un absoluto fracaso como legislador», ha espetado el diputado de Vox Juan José Aizcorbe.

No ha sido las únicas críticas formales de la oposición, ya que el PP ha ironizado sobre la capacidad del Ministerio de Justicia por su incapacidad de convencer a los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda, que únicamente han acabado cediendo, ha dicho, a partir de la intermediación de los diputados del PNV y PDeCAT, que «han acabado acudiendo al rescate del Gobierno». «¿Dónde está la ministra de Justicia cuando se aprueba una reforma concursal?», se ha preguntado.