La Mesa del Congreso tiene intención de aprobar este martes los presupuestos de la Cámara para 2025, que por primera vez en diez años incluyen un recorte del 1% respecto del anterior, facilitado por la reducción de los gastos corrientes.

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el Congreso ha diseñado para 2025 un presupuesto global de 109,30 millones de euros, lo que supone un recorte del 1,01% respecto del último aprobado, los 110,42 millones que se fijaron en 2023 (para 2024 no se aprobaron Presupuestos Generales del Estado).

La reducción del presupuesto se basa fundamentalmente en la rebaja de los gastos corrientes en bienes y servicios, que suponen alrededor del 40% del total y que en 2025 pasarán de 45,41 a 40,78 millones de euros, lo que implica un recorte del 10,21%. En esta rebaja destaca la caída del presupuesto calculado para pagar el suministro de energía eléctrica (-69,57%) y de gas (-43,75%).

UN GRUPO MENOS, MENOS SUBVENCIONES

Hay otro recorte en del capítulo de transferencias corrientes, que cae un 3,42% pasando de 11,85 a 11,44 millones en 2025. Y es que el menor número de grupos parlamentarios constituidos esta legislatura, uno menos que en la anterior, permite reducir la cuantía destinada a subvenciones.

No obstante, las citadas fuentes aseguran que este recorte no impedirá el desarrollo de los proyectos que la Cámara tiene en marcha, como la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso (dotada con 200.000 euros al año), la reorganización de la tienda del Congreso para abrir su acceso al público general, la duplicación de las jornadas de puertas abiertas en dos ediciones al año (junio y diciembre), y la organización de una exposición itinerante de fondos de la institución.

Y es que la Cámara cuenta con un fondo de remanentes que no ha dejado de crecer en los últimos años y que se nutre con el importe de los gastos presupuestados y no ejecutados en el ejercicio y con los intereses no devengados. La última cifra dada a conocer, a 1 de abril de 2023, situaba este fondo en los 109.264.892,10 euros, una cuantía similar al propio presupuesto de la institución.

En cuanto a los gastos de personal, que representan alrededor del 45% del presupuesto de la Cámara, crecerán un 7,69% porque se recogen las actualizaciones salariales que el Gobierno pactó con los sindicatos para los funcionarios en 2023 y 2024 y que se aplicaron también a los diputados. También se recogen los acuerdos suscritos en la Cámara para aumentar el personal eventual. En total, el gasto de personal pasa de 50,45 millones en 2023 a 54,33 millones de euros el próximo año, según el proyecto de presupuestos al que ha tenido acceso Europa Press.

UN 2,81% MÁS EN NÓMINAS DE DIPUTADOS

De hecho, la cuantía prevista para abonar nóminas de diputados pasará de 15,25 millones en 2023 y 2024 a 15,6 millones en 2025, lo que supone un aumento del 2,81%. Lo mismo ocurre con los complementos (indemnizacioes y pluses en función del cargo), que pasan de 7,12 a 7,29 millones, lo que supone un aumento de la partida en un 2,38%.

La última subida salarial aplicada a sus señorías se aprobó el pasado mes de julio por unanimidad en la Mesa y fue para aplicarles el incremento del 2%, más un 0,5% adicional en función de la evolución del IPCA, que se pactó para los funcionarios.

Con esa revisión de julio, la asignación constitucional que reciben mensualmente todos los diputados pasó de 3.142,14 a 3.220,69 euros, lo que supuso 78,55 euros más al mes y un total de 45.089,66 euros al año. A cada parlamentario se suman las indemnizaciones y complementos que le correspondan en función de su circunscripción y cargo, que también se incrementaron en la misma cuantía.

La subida general de los funcionarios se fijará en los Presupuestos de Cortes Generales que las mesas del Congreso y del senado aprobarán este miércoles en una reunión conjunta. Sólo en la Cámara Baja trabajan más de 2.000 profesionales cuyas retribuciones dependen de la institución.

El Congreso y el Senado aprueban sus propias cuentas y después éstas se incluyen en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del año siguiente, con lo que, además de aprobarse en sus respectivos órganos de gobierno, es necesario que salgan adelante los PGE para que sean realidad.